• “…la actualización que se ha dado en las leyes o la emisión de nuevos ordenamientos obligan a su actualización, para una debida aplicación del ordenamiento estatal en materia de Desarrollo Urbano”, sentenció el diputado al proponer reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de BCS.
La Paz, Baja California Sur.- El
diputado Christian Agúndez Gómez propuso al pleno de la XVI Legislatura
reformar la fracción XXIII del Artículo 2, la fracción I del Artículo 12, las
fracciones X, XX y XXV del Artículo 13, la fracción IV del Artículo 15 Bis, y
el primer párrafo del Artículo 75; y se adicionan la fracción V del Artículo 15
Bis, la fracción IV del Artículo 51, un segundo párrafo a las fracciones I y
III del Artículo 74 y un segundo párrafo al Artículo 101, de la Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.
Lo anterior, como parte de los
planteamientos presentados por integrantes del Colegio de Arquitectos de Baja
California Sur, quienes le manifestaron al legislador la necesidad de realizar
diversas actualizaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de
mejorar los procedimientos en el otorgamiento de autorizaciones de uso de suelo
por parte de las autoridades municipales, así como de las licencias de
construcción en estricto apego a las disposiciones de mejora regulatoria, para
alcanzar una mejor seguridad jurídica en el desarrollo económico del Estado.
Agúndez Gómez detalló que la
propuesta en mención integra manejar el nombre correcto de la Secretaría de
Planeación Urbana e Infraestructura del Estado, participar en su actuar con
base en la Ley estatal y en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, ya que en la actualidad se maneja el nombre
anterior de dicha Ley; de igual manera se propone adecuar lo relativo a las
áreas de donación cuando se refiera a las edificaciones realizadas bajo el
régimen de propiedad en condominio horizontal.
Por último, se propone la
obligación de aplicar sanciones a las autoridades que deliberadamente violen
los tiempos de respuesta establecidos en la Ley, ya que la tardanza implica
perjuicios a quienes buscan invertir en el desarrollo económico del estado.
La Mesa Directiva del Congreso
del Estado turnó la propuesta a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano,
Infraestructura y Obra Pública.