La Paz, Baja California Sur.- La titular de la Contraloría de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendia Soto, dio a conocer que la ex directora del Instituto de Vivienda (INVI) tiene hasta el próximo 20 de octubre para solventar las observaciones derivadas de las auditorías que la dependencia realizó.

La funcionaria advirtió que durante el proceso de investigación y presentación de las respuestas a las observaciones, se respetará el derecho y garantías de audiencia; sin embargo, dijo, la ex titular del INVI, Fernanda Villarreal González, sigue sujeta a rendir cuentas y dar respuestas de los trámites que realizó durante su gestión, aunque no se encuentre en el cargo.

“La notificación se hizo conforme a la Ley y derecho. Se inició hace aproximadamente unos 4 meses, que fue lo que tardamos en llevarla a cabo porque se hizo una auditoría integral, […] la investigación se realizó sobre los recursos materiales, humanos, financieros, obras en general […] está transcurriendo el término que por ley corresponde. Tiene 30 días hábiles para solventar las observaciones. Ahorita estamos esperando que transcurra”.

Asimismo, la funcionaria explicó que “si bien no es necesario que esperen a que termine el plazo para solventar las observaciones, es decisión de la dirección determinar el tiempo de atención”; además, agregó que en caso de algún faltante o vencimiento de la vigencia, el procedimiento que ejerce la contraloría “se va a otra etapa”.

“Es todo un proceso, porque las observaciones que no se llegan a solventar, la misma dirección de auditoría gubernamental turna el caso a la dirección de anticorrupción […] y se de allí se inicia ahí un procedimiento nuevo; es otra etapa para que en un momento dado, el funcionario auditado pudiera también realizar alguna solventación”.

De presentarse un escenario donde no se solventen las observaciones, detalló Buendía Soto, las faltas pendientes se calificarán como “graves y no graves”, en donde las no graves son revisadas y en su caso, sancionadas por la misma Contraloría Estatal; mientras tanto, las “no graves” se truncan al Tribunal de Justicia Administrativa donde se podrían ajustar multas que pueden ir desde lo económico, hasta la inhabilitación de las actividades en la función pública.