La Paz, Baja California Sur.-  En medio de inconformidades de representantes de partidos políticos,  el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), aprobó el reglamento para el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

En sesión extraordinaria, se explicó que esto es a partir de la reforma electoral o la llamada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y con el cual se dará certeza de los plazos, el procedimiento y las formas para el registro de candidaturas a los cargos de elección popular a la Gubernatura, diputaciones locales, por los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, así como integrantes de los Ayuntamientos.

Jesús Flores, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reclamó el que se esté aprobando un reglamento, cuando no se cuentan aún con los lineamientos, en cuanto a la participación de grupos prioritarios.

De parte del Partido Movimiento Ciudadano se sumó a esta crítica, y expresó su preocupación sobre este tema y pidió al pleno que se aclarara que pasará si no son aprobados los lineamientos, cuando este reglamento entraría en vigor en breve.

El Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que por esto y otras inconsistencias, se corre el riesgo de que se promuevan impugnaciones, por lo que se pidió que se apeguen a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales, sobre todo porque este reglamento se pretende aplicar para el proceso electoral del 2024 y los próximos.

De parte de consejeros, se descartó complicaciones por la aprobación del reglamento en esta ocasión y los lineamientos sobre paridad e inclusión, en otro momento.

Cabe mencionar que en este marco, se aprobó la emisión del reglamento para el registro de candidaturas que establece lo referente a la paridad de género y acciones afirmativas, para garantizar la participación de las mujeres, así como de los grupos prioritarios, así como las candidaturas independientes. También lo referente a la aplicación de la Ley 3 de 3, para evitar las candidaturas a personas sentenciadas por violencia política, por violencia intrafamiliar, por agresión sexual o ser deudores alimentarios