• Propone establecer una sanción de siete a 14 años de prisión y de 50 a 200 veces el valor diario de la UMA a quien someta, condicione, coaccione, presione u obligue a menor de edad a cambiar o modificar, por medio de cualquier mecanismo su identidad sexual, en contraposición a su sexo biológico”.
Fotogalería
La Paz, Baja California Sur.- Integrantes
de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XVI Legislatura
del Congreso del Estado en conjunto con asesores e iniciador analizaron la
iniciativa ciudadana que busca adicionar el artículo 205 Ter del Código Penal
para el Estado de Baja California Sur (BCS), presentada por Rafael Loera
Vázquez, misma que tiene el propósito de sancionar a quien someta, condicione o
coaccione a menores de edad para cambiar o modificar su identidad sexual.
El presidente de la comisión,
diputado José María Avilés Castro acompañado del secretario diputado Luis Armando
Diaz y asesores, escucharon la exposición y argumentos del iniciador Rafael
Loera Vázquez, presidente de la Asociación de la Familia Natural A.C.,
acompañado de Alejandro Avilés Ortega, jurídico y de Cinthia Ormart López, de
la Asociación de Padres de Familia.
La propuesta de adición del
artículo 205 Ter al Código Penal establece “una sanción de siete a 14 años de
prisión y de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) a quien someta, condicione, coaccione, presione u obligue a
una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar, por medio de cualquier
mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar, su identidad sexual, en
contraposición a su sexo biológico”.
El iniciador dijo que lo que
buscan es que “esta ley todavía en estos años, pueda salvaguardar y cuidar a la
niñez; que no se coaccionen en ninguna forma a los menores de edad: niñez y
adolescencia”.
La comisión propuso que la
redacción de la adición que refiere a “niña, niño o adolescente” se remplace
por “menor de 18 años”, adicionando a “personas con discapacidad o que no
tengan capacidad para comprender el hecho”; propuesta que fue aceptada por el
iniciador.
Acordaron realizar una
siguiente mesa de trabajo con ejecutores de la ley como la Procuraduría General
de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.