La Paz, Baja California Sur. - La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, a través del titular, Anselmo Santo Mendoza Morales, asistió a la Ciudad de México, a la presentación del informe “Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal”, en su décima edición, la cual hace énfasis en los derechos de las personas víctimas e imputadas en el proceso penal.

El secretario Ejecutivo, mencionó que este evento es organizado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, con la finalidad de dar a conocer los principales resultados obtenidos en el año 2022, derivado de la evaluación y monitoreo que se realiza, anualmente, a las Instituciones Operadoras y Órganos Consolidadores de las 32 entidades federativas del país, para apoyar los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local, mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones.

“A pesar de los desafíos, BCS, sigue trabajando de manera conjunta con las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal, a fin de fortalecer el sistema de justicia penal. Esfuerzo que ha dado como resultado que la entidad haya escalado 4 posiciones en el ranking nacional, pasando del lugar 16 al lugar número 12”, puntualizó.

Mendoza Morales, indicó que Mariana Campos, directora General de México Evalúa, reconoció los gobiernos de varios estados, incluyendo Baja California Sur, por su interés y esfuerzo en mejorar la generación y sistematización de información, resaltando la apertura, confianza y compromiso demostrados por estos gobiernos, lo que sienta las bases sólidas para un modelo de gobernanza en la justicia, que fortalece la transparencia, participación ciudadana y ejercicios de diálogo y rendición de cuentas.

Asimismo, dijo, Christel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó a la entidad, como uno de los estados que apuestan por la justicia alternativa y el trabajo de coordinación con las instituciones operadoras del sistema de justicia.

Estuvieron presentes también: Jene Thomas, director de la misión de USAID en México, María José Salcedo, coordinadora de Proyecto México, Irina Burgaza, asistente de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann, Emilio Álvarez Icaza, Senador y ex-secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Magistrada Taissia Cruz Parcero, directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública y Patricia Olamendi Torres, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos.