• Activistas afirman que la falta de regulación lo único que provoca es más comercio ilegal, furtivismo y clandestinaje al paralizar el mercado legal
Estado de México. - La Asociación
de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) denunció
el cuello de botella en el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento
sustentable de especies, provocado por María de los Ángeles Cauich García,
titular de la dirección general de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que deja el
camino libre a los traficantes ilegales.
Ernesto Zazueta, presidente de la
Azcarm, explicó que el rezago de miles de expendientes en la DGVS ocasiona
mayor tráfico y comercio ilegal, furtivismo y clandestinaje al paralizar el
mercado legal y los programas de conservación e investigación de la vida
silvestre.
“No hay operativos que frenen a los
pescadores, cazadores, taladores furtivos y comerciantes ilegales, nacionales y
extranjeros, que realmente se están apoderando de los recursos naturales y los
están explotando indiscriminadamente, pero eso sí, la DGVS obstaculiza los
programas de manejo y conservación de especies de flora y fauna que realizan
las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con
‘nuevos criterios de evaluación’, que aplica sin medir las graves
consecuencias”, lamentó.
Ernesto Zazueta dijo que en particular
en la Azcarm están muy preocupados porque la Dirección General de Vida
Silvestre de la Semarnat está entorpeciendo los programas de conservación del
lobo mexicano y del cóndor de California, acciones en las que se han invertido
mucho tiempo y dinero.
Manifestó que además María de los
Ángeles Cauich García está dejando literalmente sin comer a miles de familias
muy necesitadas, en comunidades que viven directamente del aprovechamiento
sustentable de los recursos de la tierra, los bosques, el mar, los ríos y las
selvas.
La presidenta del Partido
Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo, advirtió sobre los elevados costos
económicos del cambio climático que, de acuerdo con algunas estimaciones, al
final de la década podrían representar un porcentaje económico considerable del
Producto Interno Bruto (PIB).
Señaló que, aunque es complicado
calcular con certeza el impacto de los costos ambientales, sociales y
económicos de la crisis climática, existen estimaciones que determinan que el
costo iría del 1.1 % del PIB para el año 2030 hasta cerca del 6.9% para el año
2050.