La Paz, Baja California Sur.- En el marco del “Día Internacional de la Igualdad Salarial” la diputada María Luisa Ojeda González presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se pronunció por generar una nueva cultura laboral igualitaria y libre de violencias, que reconozca en igualdad de oportunidades y condiciones el trabajo que realizan las mujeres, ya que les permitirá lograr el empoderamiento de las mujeres en todos los espacios, beneficiando a las familias y en su conjunto a la sociedad; del mismo modo, para que se eliminen los sesgos y prejuicios que lleven a pensar que hay trabajos para hombres y mujeres, “hay trabajo y esta visión androcéntrica es la que obstaculiza la construcción de relaciones igualitarias que llevan a reproducir la inequidad en la justa retribución de los salarios”, indicó.

Lo anterior toda vez que, pese a que existen leyes tales como como: la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (aprobada desde 2003); y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que han sido presentadas como esfuerzos para "prevenir y eliminar la desigualdad” existen para abatir lo que se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres.

Ojeda González sentenció que la desigualdad de género afecta principalmente a las mujeres, pues al realizar el mismo trabajo o tener el mismo nivel de puesto, ganan menos que los hombres; añadió que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las mujeres deben de trabajar 51 días adicionales para tener el mismo salario que los hombres, por cada cien pesos que recibe un trabajador, una trabajadora recibe ochenta y seis pesos, por otra parte, según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), las trabajadoras mexicanas ganan treinta y dos por ciento menos que los hombres.

En conclusión, la legisladora conminó a autoridades a tomar consciencia desde los espacios de representación, para evaluar las disparidades antes mencionadas, y cuestionarse sobre qué políticas y acciones reales se están adoptando para erradicar las prácticas que atentan contra la dignidad, la salud emocional y la economía de las trabajadoras.