La Paz, Baja California Sur.- Desde finales de 2022, la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, ha buscado materializar su proyecto de modernización del sistema de transporte público local, el cual, desde hace varios años atrás “continúa con las mismas unidades y problemas que afectan a la ciudadanía en general”.

Tras la declaración de incompetencia por parte del Congreso del estado para que aprobara el citado proyecto y la creación del fideicomiso, que aportaría los recursos financieros para ejercerlo en la adquisición de 28 camiones, la primera edil afirmó que buscaría “los medios necesarios” para materializar el plan.

“Vamos avanzando con el proyecto. Hemos tenido reuniones en Cabildo para despejar dudas y la meta sigue igual, para antes de terminar el año esperamos tener las 28 unidades nuevas del transporte público ya circulando [...] es la meta que Cabildo se propuso y me atrevo a decir que es un tema ya de justicia para la ciudadanía, porque merece un transporte público de calidad”.

Aun cuando un gran número de secretarios generales de diversas agrupaciones y titulares de las concesiones para prestar el servicio en la ciudad, manifestaron su inconformidad por la poca apertura y diálogo que la titular del Cabildo les otorgó, éstos han buscado a la presidenta municipal para proponerle diferentes proyectos que no “perjudiquen” a los trabajadores del volante actuales; sin embargo, todas las peticiones fueron denegadas.

“Ha habido más personas y más concesionarios que se han sumado. Ahora ya no sabemos si todos alcanzarán, porque hubo alguien que dijo ‘aquí tenemos recursos, nos podemos asociar con los concesionarios’, entonces, ellos dijeron que sí, y en caso de que haya más, que los concesionarios acudan a un banco para solicitar un préstamo y que se integren. Lo ideal es que todas las rutas y todas las unidades puedan entrar”.

El sector transportista local advierte que, ante la apertura de una empresa que podría operar preponderantemente las actividades de traslado de la población, con el respaldo del Ayuntamiento, representa una “amenaza” al trabajo que los conductores realizan actualmente, la cual, afectará los ingresos que reciben, al priorizar la actualización de la tarifa a la compañía y no a quienes por años se dedican al trabajo del volante.

No obstante, el gremio advirtió que buscarían llegar “hasta las últimas consecuencias legales” para impedir que “se pisoteen sus derechos”, en pro de las familias que dependen de estos empleos para vivir