Estado de México. - En México, una queja constante es por la falta de agua potable, no falta la expresión de: “el gobierno cobra puntual la factura, pero no responde cuando falla el suministro”.

Los hogares en el país desembolsan en promedio casi 137 pesos mensuales para estos servicios, es decir, unos 1,643 pesos al año.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a pesar de que el 93.1% de los hogares en México tienen acceso a un suministro entubado de agua potable, tres de cada 10 viviendas (11.5 millones) no tuvo diario disponible el servicio en 2022.

El estudio detalla que los estados con mayor porcentaje de viviendas sin acceso diario son: Guerrero (77%), Morelos (76%) y Baja California Sur (74%).

El centro de investigación resalta el hecho de que, a parte de la tarifa mensual en el servicio de agua potable entubada, algunas familias deben afrontar costos adicionales, tales como la instalación de sistemas de purificación, así como la utilización de servicios de abastecimiento mediante pipas.

Incluso, dice, recurren al consumo de agua embotellada, en 2020, México lideró el consumo mundial de este producto con una cifra de 282 litros por persona, cinco veces más que el promedio global.

“La incertidumbre sobre la calidad del agua hace que los mexicanos se vean en la necesidad de comprar agua embotellada. A diferencia de países como Alemania, España, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y Chile donde es posible tomar agua directamente del grifo”, detalla el estudio.

En 2022, en promedio un hogar destinó 62.4 pesos mensuales por concepto de agua natural embotellada, por lo que a nivel nacional los mexicanos gastaron 28,100 millones de pesos en agua embotellada.

Para el IMCO es necesario replantear los esquemas tarifarios en el país para mejorar el suministro y la calidad del servicio de agua potable.

“El costo por el acceso a ella debe equilibrar factores económicos, sociales y políticos. Mientras que pagar tarifas elevadas puede afectar el bienestar de los grupos más vulnerables de la población, tarifas demasiado bajas pueden perjudicar la infraestructura para su acceso y, por ende, la calidad del servicio”, explica el think tank en su reporte: El costo del agua en México: Un análisis de tarifas y de sus impactos para la sociedad.

También destaca que en México no todos tienen garantizado acceso al agua, pues con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, 2.5 millones de viviendas carecen de acceso a agua potable entubada.

ESQUEMAS TARIFARIOS, CLAVE EN ESTA PROBLEMÁTICA

El IMCO pone sobre la mesa que la definición de tarifas para el suministro de agua potable en México carece de una metodología uniforme a nivel nacional, pues cada entidad cuenta con su propia legislación relacionada con el uso del agua.

Entonces, la determinación y aprobación de tarifas se lleva a cabo por parte de cada estado en colaboración con los municipios correspondientes.

Las tarifas de agua también varían entre usuarios residenciales, comerciales e industriales, generalmente en relación con el nivel de consumo.

“Asimismo, existe una disparidad en las categorías y rangos tarifarios entre los diferentes estados, lo que complica la tarea de comparar los costos reales asociados al suministro de agua potable a nivel nacional”, detalla.

El centro de investigación precisa que las tarifas no reflejan el costo total del suministro de agua potable, ya que los gastos no cubiertos por las mismas se compensan con los subsidios que otorga el Gobierno Federal.

Entre 2019 y 2023, el presupuesto promedio anual autorizado fue 2,100 millones de pesos en subsidios para proveer agua a la población.

“En general, los subsidios deben apoyar a las entidades y regiones más vulnerables. La planificación y uso de los estos recursos requieren considerar principalmente aquellas entidades con mayor número de viviendas sin acceso a agua potable, y que además padecen un alto estrés hídrico por el aumento de las sequías, así como aquellas que presentan mayor sobreexplotación del recurso. Esto promovería que el diseño de tarifas sea proporcional y justo para los distintos sectores, regiones y entidades”, propone el IMCO.