San José del Cabo, Baja California Sur. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California Sur habló sobre el proceso de adaptación de las instituciones de salud en la entidad para poder realizar la interrupción legal o voluntaria del embarazo, conforme a los lineamientos establecidos.

Dentro de su participación en la mesa de diálogo "Responsabilidades institucionales en el marco de la objeción de conciencia", Charlene Ramos comentó que, debido a una ideología personal por parte de la titular de la Secretaría de Salud en el estado, sobre que para ejercer los derechos de las niñas y adolescentes para la interrupción del embarazo, debe estar condicionado a la aprobación del padre, madre o tutor.

"La propuesta de la Procuraduría de defensa en niñas, niños y adolescentes era incluso someterles a estudios psicológicos para ver si estaban en capacidad de tomar una decisión de esta naturaleza... viendo este tipo de situaciones evidentemente iniciamos todo este proceso de educar, a las autoridades involucradas respecto de las obligaciones, respecto de los derechos, las garantías que tienen las niñas y las adolescentes a ejercer sus derechos sin estar condicionados a la tutela de los padres o de las madres"

Añadió que desde la Comisión se ha tratado esta situación como un desconocimiento de la Ley y de las obligaciones de las autoridades, pero además, de tecnicismos dentro de los propios lineamientos que pudieran ser muy fáciles de evadir, justificando el incumplimiento de la práctica de manera libre y dentro de todo ello, la "objeción de conciencia" ha jugado una parte importante para no realizar abortos.

Y es que, con este recurso, que además está regulado por la propia Secretaría de Salud, es posible para el personal médico prescindir de estas obligaciones por motivos de libertad de pensamiento, conciencia o religión y otros; al respecto, Ramos señaló puede llegar a ser una imposición importante para el derecho de los menores y para cualquier persona que llegue solicitando el servicio.

"Identificamos esta situación... nos dicen que sospechan que los mismos doctores y doctoras se están marcando como objetores, porque de esa manera piensan que van a reducir su carga laboral, no porque sea una decisión profunda que venga de sus convicciones religiosas, sino porque en un acto de corrupción no quieren tener más trabajo y se marcan así, sin ningún tipo escrutinio público"

En ese sentido, una propuesta para erradicar estas prácticas es que esta información sea pública, de esa forma, cuando una mujer o persona con capacidad de gestar pueda saber de manera anticipada si el médico o médica a la que se le requiera un aborto, no es objetor de conciencia.

En palabras de la presidenta de la CEDH, la capacitación y la buena voluntad no ha sido suficiente para que las autoridades y todo el personal correspondiente al área actúe con pleno respeto al derecho al aborto libre y seguro; actualmente se trabaja para garantizar que sea así.