Ciudad de México.- Si bien los programas sociales del Gobierno federal ayudaron a disminuir la pobreza en México, este tipo de transferencias podrían no ser sostenibles financieramente, pese a que algunas estén ligadas a la ley, por lo que se debe implementar una estrategia para que se reduzca la necesidad de estos apoyos y se incrementen los ingresos laborales de la población, de acuerdo con un reporte de BBVA México.

Que la pobreza a nivel nacional haya pasado de 41.9% a 36.3% de 2018 a 2022 es favorable, sobre todo tomando en cuenta la significativa caída de la actividad económica derivada de la pandemia, según la institución financiera.

“Es positivo que los programas sociales hayan contribuido a reducir la pobreza, ya que en su ausencia hubiese aumentado. Sin embargo, se debe implementar una estrategia para que la necesidad de estos apoyos sociales se reduzca de forma gradual”, afirma.

BBVA México opina que es necesario que se incrementen los ingresos laborales de la población, continuar con los aumentos al salario mínimo, pero, sobre todo, atacar el problema de la baja productividad que ha caracterizado a la economía mexicana por décadas, ya que solamente así se logrará que la población tenga acceso a empleos mejor renumerados y a la seguridad social.

“Crecieron las transferencias por programas sociales en 16.4%. Sin embargo, este tipo de transferencias, pese a que algunas estén ligadas a la ley, podrían no ser sostenibles financieramente para el país”, expone la institución.

·         Programas sociales para adultos mayores pueden generar un problema

En este sentido, pone como ejemplo los apoyos a los adultos mayores, dado que en una población en la que no sólo la pirámide de edad se está revirtiendo, sino también crece el promedio de vida, podrían generar un problema en el futuro.

Por lo que una forma financieramente eficiente de abordar esta problemática es mediante un aumento en la edad de jubilación, o cambiar la universalidad de la transferencia por una focalizada a aquellos con una necesidad real de apoyos económicos.

“El hecho de que personas de altos ingresos o con pensiones del IMSS reciban apoyos de adultos mayores es regresivo y una mejor focalización ayudaría a liberar más recursos que podrían orientarse a combatir la pobreza extrema”, argumenta.

Asimismo, indica que aún existen retos importantes, ya que cinco de cada 10 mexicanos carecen de acceso a la seguridad social, cuatro de cada 10 no tienen ingresos suficientes para acceder a una canasta alimentaria y no alimentaria, además de que el 40% no tienen acceso a servicios de salud.

Y es que la carencia que tuvo el mayor retroceso fue el “acceso a servicios de salud”, ya que, en 2018 el 16.2% de la población indicó no tener acceso, y en 2022 aumentó a 39.1%.

“Si bien es cierto que el actual Gobierno planteó un cambio de estrategia en los servicios de salud y que los indicadores podrían reflejar una falta de maduración de esta nueva estrategia, ya van poco más de tres años implementándose y sigue habiendo cambios (como desaparecer al Insabi en 2023) que podrían generan que la población tenga (con razón o sin razón) la percepción de que no tiene acceso a servicios de salud”, indica.

Otro reto que se debe considerar es reducir la brecha de pobreza que hay entre estados, ya que no han existido cambios en las tres entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estos estados tienen los mayores niveles de población en pobreza extrema, por lo que la focalización de los recursos, en lugar de la universalización, podría ser más eficientes en la reducción de la pobreza.