• Fue propuesta hecha por el Gobernador del estado, quien destaca la urgencia que la entidad cuente con una regulación para la protección y preservación del medio ambiente.
La Paz, Baja California Sur.-
La mañana de este primero de agosto, el Congreso del estado recibió por parte
del jefe del ejecutivo una iniciativa con proyecto de decreto para la creación
de la Ley de Cambio Climático de Baja California Sur (BCS).
En el marco de la sesión
pública ordinaria de la Diputación Permanente, que este martes fue encabezada
por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, en ausencia de la diputada
presidenta, Eufrocina López Velasco, la secretaria de la mesa directiva, la
diputada María Luisa Trejo Piñuelas dio lectura al oficio enviado por la
subsecretaría de la consejería jurídica del Gobierno del Estado, a nombre del
ejecutivo estatal.
En la iniciativa que se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Ecología y Medio
Ambiente, el Gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío expone que de
acuerdo con el reciente informe del sexto ciclo de evaluación del Grupo
Intergubernamental de expertos del cambio climático, nos enfrentamos a una
emergencia climática y es necesario actuar lo antes posible.
Se advierte que la temperatura
global no debe de superar el límite crítico de 1.5 centígrados y que si no se
toman las medidas urgentes para reducir las emisiones de gases efecto
invernadero en todos los sectores, se corre el riesgo de comprometer los
ecosistemas, sus recursos naturales, biodiversidad, la habitabilidad y
sostenibilidad del planeta.
Enumeró las alteraciones y
desastres naturales que se han presentado como: los climas extremos, las sequías,
inundaciones, entre otros, que representan riesgos para las personas y
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
En este contexto, se enfatiza
en este documento sobre la urgencia de que Baja California Sur, cuente con una
regulación adecuada para la protección y preservación del medio ambiente.
Se puntualiza que la finalidad
de esta Ley es garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano y
establecer la política estatal en materia del cambio climático.