La Paz, Baja California Sur.- En la comunidad de El Sargento, un grupo de ejidatarios se manifestó en contra del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que desarrolla el Ayuntamiento de La Paz para limitar el uso de suelo para la construcción de casas, establecimientos y negocios en ese destino.

Después de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) convocara a una reunión pública la mañana de este viernes 25 de agosto, en la sala ejidal para exponer el nuevo PDU y aclarar las dudas alrededor de éste, la población impidió que el titular cumpliera este objetivo.

En dicha sala se apersonaron más de una treintena de habitantes que se oponían a la presentación por la presunta designación de poco más de un 80% del terrero del ejido de El Sargento que será “zona no habitable o urbanizable”, el cual aseguran, beneficiaría a la empresaria Cristina Walton, propietaria del rancho Cacachilas.

Asimismo, los habitantes también expresaron que la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero por obstaculizar y prolongar los trámites para las tierras que fueron adquiridas a través del Registro de Agrario Nacional (RAN), mismas que se encuentran en proceso de regularización, cuyo fin, informaron, es impedir que se realicen más obras de desarrollo en el pueblo.

Incluso, afirmaron que más de una decena de ejidatarios han sido víctimas de hostigamiento y extorsión de diversos funcionarios federales, quienes también cometieron actos fraudulentos en su contra.

“Queremos denunciar públicamente del grave daño social al patrimonio de nuestras familias y la colonización por parte de extranjeros, y hacer responsable a Milena Quiroga Romero y Cristina Walton [...] por la simulación del proceso de orden territorial municipal solo para beneficiar a extranjeros ricos y hacer una comunidad exclusiva sin mexicanos en nuestra propia tierra. Es correcto que la señora ‘Walmart’ se apropió de las sierras de la Cacachila de sus minas, de su agua, de los arroyos federales, y ahora pretende prohibir el uso de suelo en nuestras propias tierras”.

“Hemos sido víctimas de acoso, engaños y extorsión por parte de Pamela Rojas Silva, de la PROFEPA, quien se ha aprovechado de nuestra condición; nos ha intimidado a nosotros, pero a los extranjeros le da todas las facilidades para romper las leyes y construir sobre la

playa. A eso se llama corrupción, y también denunciamos que se han infiltrado grupos de extranjeros para los procesos políticos públicos con asociaciones a modo con nombres de ‘Cómo vamos La Paz, Urbanística y Legacy World’”.

Finalmente, solicitaron la intervención del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo que ordenen la “no imposición de la decisión del gobierno municipal por encima de lo que expresa el pueblo”, además de las garantías y derechos a las que son acreedores los ciudadanos de El Sargento.