El titular del ejecutivo mencionó que “no hay beneficiarios” con el PDU que el Ayuntamiento pretende crear para la comunidad.
La Paz, Baja California Sur.- Por los conflictos que se suscitaron el viernes pasado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que la polémica que se desató por el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de El Sargento se trata únicamente "de politiquería" que busca desinformar a la población.
Tras la manifestación que realizaran los ejidatarios de la comunidad en contra del documento que desarrolla el Ayuntamiento de La Paz para limitar el uso de suelo en este destino, el ejecutivo afirmó que no habrá despojos de los predios, al considerar que es necesario que el procedimiento se realice para tener un "mejor control" del desarrollo en el poblado.
“Hay una politiquería que no tiene nada que ver. Vi un vídeo sobre el diálogo de un compañero, y no tiene que ver una cosa con la otra; que los van a despojar, que le van a quitar… esa es pura mentira. Tenemos que reordenar el territorio. Los Planes de Desarrollo Urbano tienen que ir y tienen que ir en consenso con todos los sectores sociales”.
Respeto a los señalamientos que los pobladores realizan en cuanto al supuesto beneficio que la señora Walton, propietaria de conocida cadena de autoservicio, el mandatario afirmó que ese hecho no es verídico, toda vez que "lo único que pretenden es desinformar y provocar un conflicto donde no debería existir".
“Por supuesto que a nadie se le va a beneficiar. Ese tema es un tema del Ayuntamiento que le pedí a la alcaldesa el viernes, que vayan y atiendan para que no confundan a la gente, pero es decisión de ella si va o no. No la tengo que obligar. Yo no puedo intervenir, no mientras no sea competencia nuestra”.
Contrario a lo que Castro Cosío señala, la ciudadanía de El Sargento continúa expresando su preocupación por los presuntos desalojos que el proyecto implicaría, y que además, mencionan ser víctimas de acoso, engaños y extorsión por parte de la representante de una dependencia federal, la cual, afirman, comete actos de corrupción.