San José del Cabo, Baja California Sur. Sin esclarecimiento de los hechos, sin avance en la investigación y atención a víctimas por parte de la Procuraduría General de Justicia de BCS y sin reparación del daño, así es como han transcurrido los nueves meses posteriores a la muerte de Daniel Dircio, rescatista del cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

Dircio falleció en el mes de octubre del 2022, luego de haber sido atropellado en las calles de Cabo San Lucas tras recibir una "sospechosa" llamada que lo hizo salir de su hogar. Paralelamente, el empleado de una empresa de servicios turísticos era brutalmente golpeado en la zona de la Marina; semanas más tarde, se revelaría una relación entre ambos casos y el involucramiento con el hijo de la diputada petista, Gabriela Montoya.

La madre de Daniel, así como el hombre víctima de lesiones, acudieron al Gobierno Municipal para solicitar apoyo, ante falta de avances por parte de la PGJE.

"Estamos hartos de la corrupción, ya fue suficiente. Yo no puedo superar la muerte de mi hijo, era el más pequeño de mis hijos. Tuve dos nada más para poder darles lo mejor o lo que pude, pero no se me hace justo que esta persona que me amenazó a mi hijo de muerte, siga libre, no se me hace justo como madre perder un hijo. A nombre de él, pido justicia por las amenazas que se le hicieron... no se puede seguir ocultando a personas del gobierno, nada más porque son hijos de políticos, sean lo que sean", expresó la madre de familia.

Cabe recordar que el hijo de Montoya habría supuestamente enviado amenazas de muerte por mensaje, horas antes de que el joven de solo 20 años falleciera.

La familia refirió que en posteriores meses ha sido nulo el avance en la solicitud de investigación por dichas amenazas; además aseguran han sido "perseguidos" en diferentes ocasiones. 

Por su parte, el sujeto que fuera golpeado por el hijo de la funcionaria, expresó que aún lidia con secuelas psicológicas del ataque que vivió y aunque autoridades dictaron una reparación del daño y el pago de los gastos médicos, a casi un año de los hechos, no se ha cumplimentado dicha orden.

Víctor Medina, coordinador de Ministerios Públicos expresó "Entiendo la situación que manifiesta sobre si hay corrupción, yo personalmente la puedo ver a los ojos y decirle que existe un compromiso de mi parte con la obligación que tenemos para buscar justicia, esto va a estar en la carpeta de investigación para efectos de la justicia que nos demanda y para ello requerimos la información suficiente y pruebas". 

El Gobierno Municipal, se comprometió a mediar la relación entre los afectados y la PGJE para acelerar el proceso de investigación.