• El diputado destacó que este marco legal es incluyente y de su aprobación derivarán en reformas y actualizaciones de otras leyes o reglamentos.
La Paz, Baja California Sur.-
Tras la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para Baja California
Sur (BCS), el diputado Luis Armando Díaz, dejó en claro que no contempla la
regulación de las plataformas digitales.
El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, destacó que el
dictamen de la Comisión Especial Plural, se aprobó por unanimidad este jueves,
en el marco del primer periodo extraordinario de la Diputación Permanente, y no
tiene nada que ver con el tema del transporte, concesiones, permisos, ni
regulaciones de plataformas digitales, como Uber, Diddy, entre otras, que ya
operan en el estado.
Al explicar en qué consiste
esta armonización con el marco legal, de entrada, puntualizó que garantiza el
derecho pleno a la movilidad de todas las personas y atiende a personas con
discapacidad.
Dijo que la aprobación es el
principio, toda vez que se tendrán que realizar modificaciones o actualización
de otras leyes o reglamentos como: Ley de Tránsito Terrestre, el Plan Estatal y
los Planes Municipales de Desarrollo, entre otros.
De hecho, para este tema, se
plantea en la Ley, el 31 de diciembre del 2024, como fecha límite para esas
reformas.
Cabe destacar que esta Ley
cuenta con 73 artículos y 11 artículos transitorios. Se destaca que entrará en
vigor el 1 de enero del 2024, de ahí que el Gobierno del estado y Ayuntamientos
deberán considerar los recursos necesarios para su aplicación, en el
presupuesto de dicho ejercicio fiscal.
A partir de esa fecha, la
administración estatal deberá crear, en un periodo no mayor a los 180 días, el
Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de proponer
y evaluar las políticas de movilidad y seguridad vial; el estudio,
investigación y propuestas; evaluación de las políticas públicas, programas y
acciones; capacitación a la comunidad; difusión de información y conocimientos
sobre la problemática de la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la
eficiencia, la sostenibilidad, la calidad y la inclusión e igualdad y sus
implicaciones en el ordenamiento territorial, y en general sobre la aplicación
de la Ley General y de la presente Ley.