Elizabeth Ramírez

San José del Cabo, Baja California Sur. Más de 100 personas, miembros del gremio de la salud en el municipio de Los Cabos, marcharon este viernes en apoyo a su colega Gustavo Aguirre, acusado por la fiscalía general de la República por posesión de drogas, tras adquirir fentanilo para uso médico. 

"Hay muchas irregularidades, todos hemos comprado medicamentos a raíz de que los Hospitales no lo tienen. Esto trae a consecuencia muchas cosas y que mal que le tocó a él, pero pudo ser a cualquier, esto se venía venir... Que el gobierno nos ayude, ellos dan permisos y no se preocupan por abastecimiento para dormir a los pacientes, ellos deben abastecernos para que no compremos así" expresó José Ramón Saucillo, vicepresidente de la Federación del Colegio de Anestesiólogos, presente en la marcha. 

Cabe recordar que Aguirre adquirió con una empresa Fentanilo de uso médico, supuestamente la FGR observó el paquete desde que la Empresa de Paquetería arribo con él al municipio, pero no fue hasta cuatro días después que se presentaron en su domicilio, realizaron un cateo y lo despojaron de su propiedad. 

Esto, hace más de un mes y al momento no se le ha notificado por parte de la instancia algún avance en la investigación, ni se le ha notificado si está en calidad de imputado, pese a que el médico presentó los documentos que lo acreditan como doctor y las recetas con el debido código para adquirir la sustancia.

"Todo esto nos lleva a una criminalización del acto médico, al gobierno se le está saliendo de las manos, tiene que cambiar las cosas. No es justo esto, nos manifestamos por eso, para más resultados. Es una crisis y un devasto que nos obliga a los médicos a comprarlo y nos trae consecuencias como esta" dijo Gustavo Aguirre para Diario El Independiente. 

Antonio Juárez, abogado en este caso, explicó a los medios que hay una falta de criterio en el actuar de los elementos que en su momento iniciaron este proceso, pues la Ley General de Salud estipula que es legal el uso de esta sustancia, en cualquier tipo de servicio público o privado. 

"El problema es la falta de criterio de autoridades... Si hubiese una controversia derivada de la cantidad o de la compra de una caja de Fentanilo, tendría que ser revisada por la autoridad sanitaria, no es un acto criminal ni penal, sino administrativo", dijo. 

Al momento, se preparan las acciones legales en materia de derechos humanos y la visitaduria, sin mencionar que se presentará muy pronto un amparo en el caso, para que Aguirre y su familia puedan volver a su domicilio.