Ciudadanos de Los Cabos piden que intervenga la Profepa y que no se reanuden las actividades que ya clausuró el Ayuntamiento, por contravenir la normatividad ambiental
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La Paz, Baja California Sur.- La delegación en Baja California Sur (BCS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), inició una investigación por la extracción de millones de metros cúbicos de arena en el arroyo El Tule, del municipio de Los Cabos.
Lo anterior lo confirmó el director local de (Conagua), Julio Cesar Villarreal Trasviña, quien precisó que derivado de una denuncia ciudadana se hicieron las inspecciones correspondientes y se inició este procedimiento la extracción ilegal, afectando el arroyo.
Agregó que la extracción de arena, como la que se estaba realizando en el arroyo El Tule, es una actividad regulada por la Conagua.
Puntualizó que los materiales pétreos que se encuentran contenidos en los cauces son administrados y para ello se deben de contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, mismos que no ha otorgado la delegación a ninguna empresa en particular.
En este contexto, y sin precisar si las extracciones en se están haciendo de manera legal o ilegal, dijo que se inició un procedimiento de acuerdo a lo que contempla la Ley.
Cabe señalar que diversas voces ciudadanas se han alzado contra esta actividad que en principio fue suspendida por el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la dirección municipal de ecología y medio ambiente, por contravenir la normatividad ambiental.
Se advierte que son miles de millones de metros cúbicos de arena que se estaban extrayendo por una empresa sonorense, y que con ello se está provocando un daño ecológico a toda la zona y por supuesto a la Playa del Tule.
Los inconformes están pidiendo a la ciudadanía cabeña, a las asociaciones y a los gobiernos que defiendan esta playa de un daño ambiental irreversible.
Lo que también preocupa a los ciudadanos cabeños, es que al decir de la Conagua, la investigación para determinar si se está cumpliendo con los requisitos ambientales, tendrá una duración de 6 meses; además se está solicitando la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).