San José del Cabo, Baja California Sur. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria por delito por contra la salud en contra de Víctor “N” y Ma. De Jesús “N”, así como la vinculación a proceso contra César “N”, todos por posesión y/o venta de sustancias nocivas.

El primer caso se da en Cabo San Lucas, de acuerdo con la carpeta de investigación, los sentenciados habían sido detenidos derivado de un cateo en un local comercial de supuesta venta de productos farmacéuticos, en Cabo San Lucas, en el cual se aseguraron dieciséis cajas y nueve frascos cerrados, que contenían cerca de veinticinco mil pastillas de medicamento controlado, del cual no se contaba con la autorización correspondiente para su posesión o venta.

A  Víctor “N” y Ma. De Jesús “N”, se les impuso una pena de cuatro años de prisión y multa de ocho mil 299 pesos veinte centavos; asimismo, se ordenó el decomiso del psicotrópico.

A Cessar N se le vínculo a proceso por su probable responsabilidad en el delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio , así cómo portación armas.

El Informe de los elementos de la Policía Municipal en Comondú y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), reveló la detención de César “N” y dos menores de edad, en Ciudad Constitución, derivado de una persecución.

A los imputados se les aseguraron 86 bolsas y seis envoltorios de vegetal verde y seco, mil 119 envoltorios que contenían en su interior narcóticos, así cómo dos armas de fuego 9 mm abastecidas y dos cargadores abastecidos con un total de 58 cartuchos, todos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
 
Por lo anterior, las personas, el narcótico, las armas de fuego, cargadores y cartuchos, fueron puestos a disposición del Representante Social Federal, quien realizó la formulación de imputación y solicitó la vinculación a proceso ante el Juez Federal, para imponer cómo medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

En cuanto a los menores de edad, se llevó a cabo la intervención penal en apego a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en estricto cumplimiento a los derechos fundamentales.