Paz, Baja California Sur.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur (BCS), Charlene Ramos Hernández, sostuvo una reunión con Rosa Icela Montelongo Soto, Directora del Hospital Psiquiátrico en el Estado, con la finalidad de dialogar sobre la importancia del respeto a los derechos humanos de las y los pacientes psiquiátricos y sus familias.

En el marco de esta reunión, Ramos Hernández ingresó al nosocomio con el objetivo de observar que las condiciones de vida, trato e internamiento se desarrollen con humanidad y con respeto a la dignidad inherente a la persona, además de dialogar sobre gestiones y acompañamientos en casos particulares relativos a la protección de derechos humanos y acordando también, acciones conjuntas en materia de capacitación a personal médico.

Al respecto, la Ombudsperson Sudcaliforniana señaló que la importancia de este acercamiento, además de la mejora en los mecanismos de protección de derechos humanos en el Estado, radica en que, es la primera vez que se realiza una inspección por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al Hospital Psiquiátrico en Baja California Sur para poder constatar que las condiciones de las personas en internamiento se dé en el marco del respeto a su dignidad como seres humanos.

“Verificamos las instalaciones y las condiciones en las cuales están las personas recibiendo estos servicios que requieren apoyo del sector salud. Agradecemos mucho la disposición de la Dra. Montelongo por brindar el espacio y la apertura para la revisión de todas las instalaciones y constatar este trato digno. Fue una visita muy valiosa en la que pudimos identificar casos especiales en los que vamos a colaborar de manera interinstitucional para la protección de los derechos”, declaró Charlene Ramos Hernández.

Finalmente, la Comisionada de los Derechos Humanos en Baja California Sur señaló que el Organismo continúa fortaleciendo las acciones encaminadas a la observancia del actuar de las autoridades, quienes, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso en particular, de quienes padecen trastornos y/o enfermedades mentales y se encuentran en internamiento, a quienes reciben consulta externa y a sus familiares, personas cuidadoras y/o tutoras/es, previniendo así prácticas violatorias o injustas tanto en el tratamiento como en las condiciones de alojamiento durante la hospitalización.