La Paz, Baja California Sur.- Con la aprobación del Fideicomiso del Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de pasajeros, por parte del Cabildo de La Paz, el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estuardo González Rodríguez, señaló que nadie del Ayuntamiento ha presentado “números gruesos” para entender el plan de modernización y las ganancias que éste dejará.

En entrevista para Diario El Independiente, expuso que el citado fideicomiso “le abre la puerta a algo que todavía no tenemos”, en la que advierte, la empresa involucrada pretende invertir 113 millones de pesos para adquirir 28 camiones para transporte público, los cuales, operarán indirectamente con las concesiones de este sistema, mismas que no son contempladas en la Ley Estatal de Transporte.

Dicho proyecto, mencionó, contempla la compra de las unidades para que en diciembre inicie la primera etapa de modernización del servicio de transporte público en la ciudad de La Paz, a las que además se les otorgará un incremento en la tarifa de hasta 17 pesos, que deja en desventaja a quienes llevan varios años prestando presentando ese aumento.

“El problema es que le vamos a entregar el negocio del transporte a inversionistas foráneos. Hay algo que no ha sucedido, todas las veces que la administración municipal ha salido a hablar del transporte, solamente están hablando del proyecto, pero jamás se habla de pesos y centavos, y aquí lo que hay que ver son pesos y centavos, porque finalmente es un negocio”.

Cada transportista, comentó el funcionario, participará poniendo su concesión como cuota, que son valuadas hasta por 400 mil pesos, sin que se detalle de forma transparente los beneficios y utilidades a las que serán acreedores.

Además, dijo, la empresa declaró que en el año recibirán una parte proporcional donde la compañía se lleva la mayor parte del pastel, sin que le permita al Ayuntamiento captar una cantidad de recuperación.

También agregó que en los primeros cuatro años -de 15 que establecería el contrato entre las partes- a la empresa se le va a subsidiar 4 millones 833 mil pesos anuales, lo que representa un monto superior a los 35 millones de pesos; no obstante, en ese mismo periodo agregamos el arrendamiento de los vehículos, su mantenimiento, que alcanza los 600 mil pesos mensuales; y 264 mil pesos de otros conceptos que no quedaron claros.

“Lo que planteamos es que con ese mismo recurso generemos con los transportistas una empresa exactamente igual, pero integradora, es decir, que funcione exactamente como lo está proponiendo la alcaldesa, pero con los recursos que nosotros vamos a tener que subsidiar y no que el 89% del subsidio se lo lleve una empresa, que además, ni siquiera es de aquí”.

Desde la presentación de intención del mencionado proyecto, un grupo de concesionarios expresaron su inconformidad por las supuestas irregularidades que éste presentaba al no contemplar la normativa que la Ley de Transporte Estatal expresa.

Por otro lado, este mismo grupo tiene varios años solicitando una actualización a la tarifa de transporte público; sin embargo, la administración se negó a escucharlos en reiteradas ocasiones. Ahora, con un proyecto avanzado, la alcaldesa les exigió adherirse a éste para ser acreedores del aumento; no obstante, los secretarios se mantienen firmes en no “hacer comparsa” a una actividad que, afirman, es irregular.