Estado de México. - Casi el 40% de las personas privadas de libertad en México no cuentan con sentencia, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en medio de una discusión sobre la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2023, al cierre de 2022 había en el país 226 mil 116 personas en las cárceles federales y estatales, de las cuales 94.4% eran hombres y 5.6% mujeres. Esta cifra fue 2.6% mayor respecto al año anterior.

Sin embargo, de ellas, 39% no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3 y para los hombres, de 38.4.

En 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 %, no se identificó el tipo de estatus jurídico.

Esto contrasta con los llamados de instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a dejar sin efecto la prisión preventiva a estándares internacionales por las violaciones a derechos humanos que podría implicar.

Por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán de Ocampo reportaron que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

A esto se suma que 23 mil 653 personas están en las cárceles en el país cuentan con sentencia no definitiva, mientras que solo 111 mil 162 contaron con sentencia definitiva. No obstante, comparado con 2021, la población privada con sentencia aumentó 8.7%, mientras que la población sin sentencia disminuyó 5.0%.

De las personas que sí han tenido sentencia, 26.7% de los hombres y 29.7% de las mujeres esperaron 24 meses o más para obtenerla.

A pesar de esta situación, la población en las cárceles aumenta. Tan solo en 2022 ingresaron 138 mil 496 personas a los centros penitenciarios y centros especializados, de los cuales 1,534 fueron adolescentes, apuntó el Inegi. Del total, 91.8% correspondió a hombres y 8.2%, a mujeres. Comparado con 2021, se registró un aumento de 16.2% en el total de ingresos.

En contraste, en el mismo periodo egresaron 127 mil 606 personas de dichas instalaciones. Comparado con 2021, los egresos aumentaron 19.4%.

Por entidad federativa, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Coahuila y Sonora concentraron la mayor cantidad de ingresos.

A su vez, las entidades que cuentan con más personas en sus centros penitenciarios son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora.

Esto implica gastos importantes al erario, según los datos del Inegi. En 2022, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados fue de 47 mil 385 millones 27 mil 130.1 pesos. Comparado con la cantidad ejercida en 2021, el aumento fue de 47.7%

En 2022, del total del presupuesto ejercido por los centros penitenciarios, 43.6 % se concentró en los centros federales y 56.4 %, en los estatales.10 Del presupuesto ejercido en los centros estatales, el estado de México concentró 26.9%.

De las personas internadas, 90.3 % ingresó por delitos del fuero común; 9.4 %, por delitos del fuero federal y 0.3 %, por delitos de ambos fueros.

• Prisión preventiva oficiosa

México ha recibido varios llamados internacionales a dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa por sus implicaciones a los derechos humanos.

El pasado 27 de enero, la Corte IDH ordenó al gobierno dejar sin efecto el arraigo y adecuar la prisión preventiva a estándares internacionales, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, tras determinar que el Estado mexicano era responsable de diversas violaciones a derechos humanos por la detención de tres personas por parte de la policía en 2006.

Sin embargo, en dicha ocasión, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó la sentencia, la cual consideró una “falta de respeto al Estado mexicano”.

No obstante, el 12 de abril, la Corte IDH se pronunció nuevamente sobre el tema, pero ahora sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva durante más de 17 años sin sentencia, en la que ordenó dejar sin efecto el arraigo pre-procesal y adecuar la medida de la prisión preventiva oficiosa a las normas internacionales.

Para tal resolución, el gobierno mexicano dijo que la resolución serviría para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.