• Integrantes del FEUABCS proponen eliminar la facultad del CGU de designar al rector en caso de haber tres o menos aspirantes • La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Asuntos Educativos para su análisis y dictaminación.
La Paz, Baja California Sur.- El
Congreso de Baja California Sur (BCS) recibió e inició el trámite legislativo
de una iniciativa ciudadana presentada por alumnos y egresados constituidos en
el FEUABCS, para reformar los artículos 16, 17 y 43 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur a fin de democratizar
los procesos de la máxima casa de estudios en la Entidad.
La propuesta, entre varias
modificaciones, propone que el rector sea electo por voto directo y secreto de
los integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y
administrativos), eliminando la facultad de designación del Consejo General
Universitario (CGU) en caso de haber tres o menos aspirantes; la Comisión
Electoral del CGU publicará la convocaría para la elección previa aprobación
del pleno del CGU; elimina la figura de reelección del rector; amplia la
posibilidad para postulantes a rector, ya que además de perfiles con doctorado,
también egresados de la misma universidad y ciudadanos sudcalifornianos podrían
aspirar a ocupar dicho cargo.
En materia de transparencia
proponen crear el Sistema Universitario de Información, el cual sería de uso
público, conteniendo actualizada de índole administrativa, financiera,
estadística, indicadores educativos y archivo histórico.
De manera particular piden que
se implementen estrategias para prevenir y atender las violencias por razón de
género, puesto que la actual ley orgánica lo contempla en un sólo artículo,
demandan una Ley Orgánica Democrática” con enfoque de igualdad de género, así
como mecanismos para la atención de la violencia de género e igualdad.
La iniciativa es firmada por
integrantes del FEUABCS Asociación Civil, Alberto Serrato Rochín, Alberto de
Los Santos, Andrei de Jesús Hirales, Livier Rueda, Adela Olivas Torres y Mónica
Quezada.
Se turnó a la Comisión
Permanente de Asuntos Educativos para su análisis y dictaminación.