La Paz Baja California Sur.- Desde la aprobación de la reforma al Artículo 39 del Código Civil de Baja California Sur (BCS), que permite a las personas del género “no binario” modificar sus actas de nacimiento, desde 2021 a la fecha, ya son un total de 91 personas solicitaron el trámite ante el Registro Civil Estatal.

La directora de esta institución, Patricia Graciela Meza Castro, señaló mediante entrevista con Panorama Informativo, que el procedimiento de reconocimiento de identidad de género la inició, principalmente, un grupo de ciudadanos con la mayoría de edad cumplida; sin embargo, advirtió que también se otorgaron los documentos a personas menores de edad que solicitaron el trámite mediante amparos.

La funcionaria advirtió que los interesados deberán cubrir la cuota de 526 pesos, para pagar la tarifa de derechos y él acta certificada que tardará un plazo aproximado de 5 días en la que no se expone ni se hace mención de un registro anterior.

"El trámite se levanta a través de un expediente administrativo; se le da una copia al interesado para que éste la tenga en su poder. Si el solicitante nació en Baja California Sur, el proceso se hace aquí mismo; pero si nacieron en otro estado, se envían a través de balizas" informó.

En lo que va de este 2023, detalló Meza Castro, 6 hombres han requerido a la institución el trámite para identificarse como mujeres; mientras que sólo 5 mujeres pidieron ser reconocidas como hombres.

Por otro lado, respecto a los matrimonios igualitarios, precisó que en el último trienio registraron 168 casos; en contraste, sobre los divorcios igualitarios informó que únicamente se procesaron 20 en el mismo periodo.

"Sobre los matrimonios igualitarios tenemos que en el año 2021 se hicieron 65; en el 2022, 71; y lo que va del 2023 son 32 [...] por otro lado, los divorcios igualitarios, según nuestro registro, son 2 en 2021; 12 del 2022; y 6 de lo que va del 2023" agregó la funcionaria estatal.

Al modificar el acta para el reconocimiento de identidad de género, sostuvo la directora, no excenta ni libera a la persona de sus obligaciones fiscales o responsabilidades previamente contraídas.