La Paz, Baja California Sur.- El Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó el Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado, que propuso la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) por conducto de su presidente Diputado Luis Armando Díaz, a fin de que el órgano interno fortalezca sus funciones contando con recursos de sustanciación, de revisión, jurídicos y dotarle de personal capacitado en temas de contabilidad y derecho, con lo que en lo sucesivo, se podrán deslindar responsabilidades y fortalecer las denuncias que se requieran interponer ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El reglamento consta de 16 artículos agrupados en siete capítulos referentes a disposiciones generales; competencia y organización de la Contraloría; atribuciones del titular de la Contraloría, funciones genéricas de las unidades administrativas y del personal de la asesoría, así como las reglas de suplencia de funcionarios.

La iniciativa de la JUGOCOPO plantea la creación del reglamento para la mejor distribución y desarrollo del trabajo de la Contraloría, mediante la conferencia de sus facultades a funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, así como también poder contar con uno o más asesores jurídicos, quienes deberán ser licenciados en derecho, con experiencia en la materia, quienes dependerán jerárquicamente de ésta.

Cabe recordar que en diciembre de 2022 la XVI Legislatura modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estableciendo mayores facultades y atribuciones para sancionar faltas administrativas o anteponer denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, deslindar responsabilidades y faltas, incluso ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En la discusión, la diputada María Luisa Ojeda (PRD) dijo a favor la importancia del reglamento, ya que brindará herramientas a cada una de sus áreas, además de regular sus procedimientos, por lo que celebró el avance en materia reglamentaria, ya que se sientan bases del uso de recursos públicos.

A propuesta de la diputada Ojeda González se reservaron los artículos 4, 7, 11, 12, 14, 15 y 16, para hacer cambios de redacción y lenguaje incluyente.