• Tras dos meses de girada la orden de aprehensión, sigue en libertad Luis Carlos "N".
San José
del Cabo, Baja California Sur. Extravío de entrevistas, falta de un perito
especializado y violación de derechos humanos, son sólo algunas de las
situaciones que se han presentado en el caso de delito de abuso sexual con
agravantes a un menor de edad, asentado en la carpeta de investigación
LPZ/4496/2022.
En entrevista con Diario El Independiente, la representante jurídica de
la familia del menor afectado, habló sobre el proceso que han enfrentado desde
el 4 de julio del 2022 cuando formalmente se presentó una denuncia ante
autoridades por los hechos mencionados.
Describió que el 6 de julio, el infante fue llevado a declarar y fue
necesaria la contratación de un perito particular, pues le comentaron a la
familia que la Procuraduría General de Justicia BCS, no contaba con el personal
especializado para esta labor; desde ahí, la primera inconformidad de la
familia.
"Pasaron agosto, septiembre y octubre, pero el caso no avanzaba y
no decían nada. La mamá no dejaba de insistir", señaló la representante.
En medio de sus visitas a la PGJE para revisar el avance del caso, le
informaron que no "se perdió" la entrevista y grabaciones de la
declaración del infante.
Por este último hecho, se presentó una queja ante el órgano interno de
control, pero aún seguía sin avanzar el caso. No fue hasta empezando el
año que la familia escribió una carta a autoridades, incluyendo al Gobernador
Víctor castro, para solicitar el apoyo en el tema.
Con ello, se logró que el 4 de marzo se girara una orden de aprehensión
en contra de Luis Carlos "N", presunto culpable, misma que a la fecha
no se ha cumplimentado. Al ser un conocido abogado y empresario de Los Cabos,
temen que no haya represalias.
"No pareciera que lo buscan, está activo en su trabajo, en sus
redes y con su círculo cercano. No se está escondiendo, entonces ¿Por qué
no lo detienen?", expresa la vocera de la familia.
Aunado a esto, la familia de la víctima debió pagar asesorías externas
de un despacho particular, que quiso cobrarles 2 millones de pesos para llevar
el caso; más tarde se enteraría que el mismo despacho ya trabaja con el
supuesto agresor.
Además, el círculo cercano del infante ha sido amenazado y hostigado
para no hablar del tema, desde familiares hasta maestros y los pocos
involucrados en el tema. Buscarán acudir a más autoridades para lograr
que el acusado se presente a responsabilizarse por dichos actos.