• El presidente se pronunció contra la Corte luego de que esta invalidara el decreto sobre obras prioritarias del gobierno de México.
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció contra la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), luego de
que esta última invalidara el decreto sobre obras prioritarias del gobierno de México, acusando
que "a la Corte ya la perdimos".
Lo anterior lo externó en el marco de su conferencia mañanera de Palacio Nacional, donde también refirió que los integrantes de la misma no
defienden a la Constitución, sino que por el contrario la “violan”.
La Corte como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Siempre había
estado alejada del pueblo y cercana al poder, aunque ahora de manera descarada
está al servicio de los potentados, violentando la Constitución”, comentó el
presidente de México.
En este contexto, el político tabasqueño apuntó que ya se esperaba
lo sucedido con la SCJN sobre los fallos para frenar a su administración en la
construcción de las obras en el sureste del país.
Indicó que todos los amparos que se solicitaron en contra de estos
proyectos se promovieron por “un grupo vinculado a los jueces, ministros y
magistrados” del Poder Judicial.
López Obrador identificó al ministro en retiro José Ramón Cossío
como parte de la asociación de abogados que se dedicó a promover amparos
en contra de sus obras. Mencionó a la asociación Litigio Estratégico y también
a Gerardo Carrasco, cuyo nombre, dijo, aparece en todas las demandas de amparo.
¿Qué invalidó la Suprema Corte?
El día de ayer, la SCJN invalidó el decreto del presidente Andrés
Manuel López Obrador que blindaba la información de las obras con sello de
la Cuarta Transformación (4T) al considerarlas como de “seguridad nacional e
interés público”.
Entre los proyectos que se incluían en el “decretazo” estaban la
construcción del Tren Maya, el
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque,
Chetumal y Tulum.
Con 6 votos a favor, el Pleno del máximo tribunal resolvió la
controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
pues el decreto presidencial le impedía cumplir su función debido a la opacidad
en torno a los costos de las obras, responsables y licitaciones de las mismas.