La Paz, Baja California Sur.- La diputada local Marbella González Díaz se pronunció porque se ponga orden en el servicio de transporte turístico en Los Cabos y se evite la competencia desleal en ese municipio y en el resto de Baja California Sur (BCS).

A través de un pronunciamiento que presentó sobre las denuncias de taxistas y operadores de transportadoras turísticas sobre la circulación de unidades piratas y corrupción, la legisladora del Partido Fuerza por México hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que atiendan esta problemática.

Consideró que esto no es algo nuevo, pero que, en el tiempo presente, según la información que ha recabado, existen elementos suficientes para que se desborde y afecte la buena marcha de unos de los destinos turísticos más importantes del país con repercusiones inimaginables para la economía regional.

Resaltó los acuerdos logrados entre ambas partes para destrabar este conflicto, no obstante, enfatizó que a lo largo de este tiempo la autoridad ha sido omisa y es evidente el descuido y la incapacidad política para poner  orden en este importante sector  de la economía de Los Cabos.

Dijo que un ejemplo de ellos es la inacción del Gobierno del Estado entre 2015 y 2021 que provocó que las partes en conflicto se radicalizarían ante la ausencia de la autoridad competente.

Expresó que nuevamente los Permisionarios de Autotransporte Federal de Turismo, conocidos popularmente como Transportadoras Turísticas, así como el gremio de Taxis, acusan competencia desleal  frente al resto de los otros servicios de transporte público, así como actos de piratería en el transporte de pasajeros en unidades simuladas que no cumplen de ninguna manera con la normatividad.

Manifestó que muchos de estos actos son  impulsados por empleados del sector hotelero, agencias de viajes, tiempo compartido, así como empresas dedicadas a la operación de turismo y/o particulares sin permisos ni concesiones,  que ven en la no aplicación de la Ley la oportunidad para operar en la total ilegalidad en demérito de quienes cumplen con la norma establecida.

Manifestó que para atender esta problemática se requiere la actuación de autoridades de los tres niveles de gobierno, desprovistas de intereses en este sector, con la capacidad política y de diálogo para aplicar la Ley.