• La oposición tomó la tribuna de la Cámara de Diputados ante la propuesta de Morena que busca eliminar la obligación de dar presupuesto suficiente a los Centros de Justicia para Mujeres.
Ciudad de México.-
Legisladoras de oposición tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados ante un
intento de reforma que elimina la obligación de dar recursos suficientes para
la operación de los Centros de Justicia para Mujeres.
La legisladora Aleida Alavez
Ruiz, de Morena, presentó la reserva para eliminar un artículo que obliga a los
gobiernos federal y estatales a dar recursos suficientes para la operación de
estos centros.
El documento original
establece que se garantizará la suficiencia presupuestaria de estos centros; y,
que las cantidades presupuestales asignadas no serán menores a las otorgadas en
presupuestos anteriores para el funcionamiento de los Centros de Justicia para
Mujeres.
La oposición protestó ante el
intento de cambio, pues la mayoría de Morena y sus aliados podrían llevarla
adelante, al ser cambio a una ley secundaria.
Los legisladores debaten una
minuta que llegó de la cámara de Senadores que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en materia de Centros de Justicia para las Mujeres.
El documento aprueba dotar a los Centros de Justicia para las Mujeres de
mecanismos, atribuciones, alcances y características que requieran para cumplir
sus funciones.
La reforma define a los
Centros de Justicia para las Mujeres como los espacios multidisciplinarios e
interinstitucionales donde se atienden de forma gratuita e integral a mujeres
víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos menores de edad.
Estos centros deben trabajar
desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial
e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la
finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno
de sus derechos humanos y su empoderamiento.
Especifica que los Centros
estarán a cargo de las entidades federativas y los enfoques desde los cuales se
realizará la atención.
La reforma determina que para
el caso de las mujeres con discapacidad, también se considerará violencia en el
ámbito familiar cuando es cometida por personas que realizan labores de
cuidado, sin importar que tengan o no una relación de parentesco.