San José del Cabo, Baja California Sur. Dos administraciones municipales del ayuntamiento de Los Cabos, en Baja California Sur, en el periodo 2015 al 2019, asignaron al menos 35 millones 236 mil pesos en la rehabilitación del Teatro de la Ciudad Miguel Lomeli Ceseña y otros gastos relacionados con la obra, para reponer los daños que dejó el huracán Odile.

Pese la millonaria inversión, iniciada por el entonces militante del Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde Arturo de la Rosa Escalante (2015 - 2018), el inmueble ubicado en el centro histórico de San José del Cabo, sigue en obra negra y de acuerdo con un peritaje realizado por expertos técnicos, las autoridades deberán gestionar más recursos pero está vez para demolerlo pues tiene fallas estructurales.

La empresa Grupo Firme de México S.A de C.V., encargada de las obras de rehabilitación del Teatro en 2016 y 2017, es un proveedor frecuente del Gobierno de Los Cabos y Baja California Sur, pues de 2016 a la fecha ha recibido al menos 18 contratos de obra pública por 104 millones 379 mil 366.5 pesos, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Como resultado de un peritaje realizado en ese mismo año, la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos Municipal, indicó que las estructuras del teatro carecían de las especificaciones pertinentes para soportar más modificaciones.

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El recuento del daño al erario tras el paso de Huracán Odile

En el 2016, se realizó la primera gestión de recursos públicos por la cantidad de 12 millones 489 mil 920 pesos para un proyecto de rehabilitación del inmueble, de los cuales 10 millones provinieron de recursos federales y 2.5 millones de pesos de recursos municipales, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de transparencia.

Del 2015 al 2019, fueron en total 35.2 millones de pesos asignados para la remodelación del Teatro y un porcentaje perteneció a recurso del Gobierno Federal, otra parte más a recurso del propio Gobierno Municipal, en las gestiones de Arturo de la Rosa Escalante, del PAN (2015 - 2018) y Jesús Armida Castro Guzmán, de Morena (2018 - 2021).

Para el 2017 se creó en el municipio de Los Cabos, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA) con personalidad jurídica y patrimonio propio entre ellos el teatro Lomelí. En ese año se ejercieron 79 mil 777 pesos, bajo el concepto de “Servicios relacionados con la obra”.

Un año después, en 2018, con Jesús Armida Castro Guzmán como alcalde de Los Cabos, invirtió 5 millones 668 mil 967 pesos bajo el concepto de “Rehabilitación en segunda etapa”, pese a que la construcción tampoco tuvo algún cambio.

Finalmente entre 2019 y 2020, todavía durante la administración de Castro, hubo un gasto de 121 mil 800 pesos para servicios relacionados con obras y 2 millones 854 mil 412 pesos más para un proyecto ejecutivo que permitió, a través de un dictamen, conocer el estado de la estructura del teatro.

Durante una entrevista con el arquitecto Jacinto Avalos, quien junto con su despacho y un grupo de expertos técnicos se encargaron de un nuevo proyecto ejecutivo, señaló que se realizaron dictámenes para determinar si la estructura funcionaba. El resultado indicó que el edificio “no era funcional y muy poco se podría salvar de la construcción”.

De acuerdo con las estimaciones que se realizaron en el 2020,durante la realización del nuevo proyecto ejecutivo, el costo para construir un nuevo teatro era de aproximadamente 200 millones de pesos.

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Federación, los obligados a investigar

Para investigar el destino de los recursos, hay dos carpetas de investigación abiertas que fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

La primera se inició el 25 de abril del 2022 a través de una denuncia presentada por la Sindicatura Municipal presidida por la licenciada Alondra Torres, por “hechos constitutivos de un delito en relación con los trabajos de rehabilitación del Teatro en el 2016”, sin aclarar qué delito; la funcionaria dijo que tratándose de un delito de oficio, la denuncia no es dirigida a alguien, sino a quienes resulten responsables.

La segunda la presentó la Sindicatura Municipal, el 31 de mayo del mismo año, por los trabajos de obra pública, denominada como “Segunda etapa” del Teatro, por servicios realizados durante el 2018. Ambos expedientes están en proceso de investigación de acuerdo con información obtenida a través del portal de transparencia.

En ninguno de los casos se reveló el número de carpeta de investigación de dichas denuncias y la empresa encargada de la obra aseguró que no ha recibido alguna notificación al respecto de estos procesos.

Por su parte, Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur, sostuvo que en la corporación a su cargo no existe ninguna denuncia.

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Dictamen de obras pública revela “deficiencias” en remodelación

La Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos realizó un informe de inspección de la obra en 2018 para “verificar la correcta ejecución de la inversión”.

Como resultado de dicha inspección, la dependencia indicó que el contratista no cumplió a cabalidad con la calidad de los trabajos indicados en los proyectos, especificaciones y normatividad aplicable.

Asimismo, resaltó en un oficio la supuesta falta de dirección, control, ejecución y calidad en la mano de obra, herramienta y equipo necesario, así como de correctos procedimientos constructivos.

“Se constató la pésima calidad de los elementos que conforman la obra, por ejemplo, la mayoría de columnas, se encuentran desplomadas o abultadas, torcidas, parchadas o repelladas para ocultar deficiencias generadas por un mal proceso de cimbrado, colado y vibrado de los elementos”, especifica el documento.

Además, “Se intentó ocultar las deficiencias generadas por un mal proceso de cimbrado, colado y vibrado por medio de parches o repelladas' en las losas nervadas.

El informe concluye que no se dio cabal cumplimiento a las obligaciones consignadas en el contrato y la obra ejecutada en la primera etapa "fue ejecutada y cobrada en un 100 por ciento, aunque presenta una gran cantidad de deficiencias en cuanto a calidad de obra".

La segunda etapa no presentó los avances adecuados y tuvo deficiencias en el proceso administrativo. Ésta segunda etapa consistía en el desarrollo de archiveros, gimnasio, cuarto de máquinas, sala de hidroterapia, baños, sala de electroterapia, casa modelo, cuarto de reparación, patio central y área de actividades exteriores.

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Falso que cobramos y no terminamos: Grupo Firme de México

Carlos Ramos Murillo, empresario de la industria de la construcción y socio principal de la compañía Grupo Firme de México S.A. de C.V. reconoció que desde un inicio de la obra detectaron problemas estructurales en el edificio.

La obra de rehabilitación, dijo, se realizó en dos etapas. En la primera encontraron problemas en la cimentación del antiguo edificio del teatro y aunque en la segunda pretendían dejar el inmueble terminado, esto fue imposible.

“La gente piensa que llegó la nueva administración y Grupo Firme dejó abandonada la obra, que cobramos y no terminamos, pero es falso”, expresó Murillo.

Para probar su versión, el empresario extendió dos documentos, uno de junio del 2019 que era el Acta de Entrega Recepción de la Obra y otro más del Acta de Finiquito del contrato entre el Ayuntamiento y el contratista.

Murillo aseguró que de manera “obligada” se les retiró de la obra, por lo que Grupo Firme acudió de inmediato con sus representantes legales para obtener el finiquito del contrato.

Aseguró que previo al finiquito, Firme solicitó el servicio de una segunda empresa para un estudio estructural que entregó a la administración en curso, en el que mostraron que no había daño en la obra.

De acuerdo con la documentación, el importe de la liquidación del contrato pagado a Firme fue de 5 millones 668 mil 967 pesos, más el IVA correspondiente.

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Arquitectos consideran una obra disfuncional

El arquitecto Jacinto Ávalos Guzmán, de Ávalos Arquitectos y Asociados, S. C, quien participó en la creación del último proyecto ejecutivo realizado para el inmueble en el 2020, señaló que, inicialmente era la intención ver si se podía salvar algo del proyecto y la obra que se había realizado.

“Hicimos una evaluación tanto de la obra como del proyecto anterior, contratamos un perito de estructuras. Producto de las dos evaluaciones se llegó a la conclusión de que el proyecto era deficiente en muchos aspectos; de la obra muy poco se podía salvar desde el punto de vista constructivo y se determinó que no era funcional", sostuvo uno de los más importantes personajes dedicados a conservar el patrimonio cabeño.

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Cada vez más rezago en espacios culturales para las familias locales

La sede teatral, junto con el Pabellón Cultural de la República en Cabo San Lucas, son espacios únicos para desarrollar este tipo de actividades. Cabe resaltar que éste último también ha dejado de operar por daños en su estructura y techo, luego del paso del huracán Kay el pasado mes de septiembre del 2022.

Al no contar con otro sitio en donde se desarrollen actividades del tipo artístico, se reducen las posibilidades para las familias locales de acceder a este tipo de convivencia y entretenimiento, e incluso se obstaculiza que profesionales de la escena artística tengan espacios para ensayos y presentaciones.

“Es una deuda que dejaron las otras administraciones”, señala Blanca Pedrín Torres, empresaria en San José del Cabo y fundadora de la Asociación del Centro Histórico, en entrevista para este reportaje.

Como representante de esta asociación, Pedrín Torres pronunció: “Consideramos que las administraciones pasadas están en una deuda tremenda con la sociedad… los trámites van a durar años y mientras, seguimos con el elefante blanco”.