Ciudad de México.- La sentencia que invalidó el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) surtirá sus efectos a partir del 1 de enero de 2024, resolvió este jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó, en su propuesta de efectos, que el plazo se otorga para que el reajuste presupuestario de las dependencias involucradas se realice de manera ordenada.

“De tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo presupuestal y operativo de la Guardia Nacional que, por mandato del Artículo 24 Constitucional, corresponde a la Secretaría del ramo en Seguridad Pública”, explicó.

Los efectos propuestos fueron aprobados por una mayoría de nueve votos, y en contra se pronunciaron la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Arturo Zaldívar, quienes también se manifestaron en contra del proyecto que invalidó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, en la sesión pasada.

El ministro González Alcántara Carrancá indicó que también se buscó darle certeza jurídica a los elementos que integran la corporación federal, que seguirá bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada; en síntesis, propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1 de enero de 2024.

“Con esta prórroga en el sufrimiento de los efectos propuestos, se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, dijo el ministro ponente.

En la sesión del martes, el Pleno de la Corte decretó la invalidez de las reformas de septiembre de año pasado que ordenaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que se consideró como una violación al artículo 21 de la Constitución.