San José del Cabo, Baja California Sur. El Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) debe priorizar la homologación de la modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala una representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El pasado 23 de marzo se aprobó esta reforma que da paso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es homogeneizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de los niños de todo el país. El Registro será de carácter público, actualizado mensualmente con quienes adeuden pensiones mayores a 90 días, dejará ver el monto de la obligación alimentaria y el plazo de incumplimiento, además de la instancia que así lo ratificó.

En entrevista con Diario El Independiente, Charlen Ramos, consejera de CEDH, lamentó que José María Avilés Castro, diputado local de la XVI Legislatura expresara que "no alcanzara" el tiempo para poder bajar esta reforma federal, a nivel estatal. Lo anterior, debido a que esta reforma permite garantizar

"El artículo primero nos dice que todas las autoridades, de todo el país, incluyendo a diputados locales, tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar y promover derechos humanos", dijo.

Añadió que, "La pensión alimenticia es para los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, si eso no se considera urgente, no se entonces que pueda serlo. Si las diputadas y diputados tienen tiempo para sostener reuniones sociales y eventos, pero no para pasar leyes que es su obligación primaria, algo necesitamos modificar".

Ya que las personas registradas como deudores no podrán aspirar a puestos de elección popular, ni como aspirantes a jueces locales y federales, es importante mencionar que el diputado Avilés Castro manifestó que, si se hará una modificación a los códigos Civil y Penal, para que puedan entrar en vigor antes del siguiente proceso electoral.