• Se trata de dos denuncias interpuestas por consejeras del mismo organismo, es el tercer proceso penal que enfrenta el funcionario, en esta ocasión es por discriminación.
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San José
del Cabo, Baja California Sur. Apenas a dos semanas de darse a conocer la
denuncia por acoso sexual que enfrenta el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur (BCS), Elías Camargo Cárdenas,
el funcionario fue nuevamente denunciado, esta vez fue por Consejeras del mismo
organismo.
En entrevista
para Diario El Independiente, la Consejera Estatal, Charlene Ramos Hernández,
habló sobre la denuncia por discriminación que interpuso en contra de Camargo
Cárdenas.
"Ratificamos
este viernes una denuncia por discriminación en contra del licenciado Elías
Camargo, quien actualmente funge como titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos", contó; Ramos explicó que los actos de discriminación se
dieron a partir de que, en 2019, el funcionario hiciera, a título personal, una
alianza con el Frente de la Familia Natural, el cual fue votado en contra por
el Consejo, al considerarse una privación de los derechos reproductivos de las
mujeres.
"Acto seguido iniciaron los actos de discriminación de las Consejeras que le votamos en contra, ha simulado que nos convoca a las sesiones para fingir que no vamos, pero es difícil ir a una sesión que no sabíamos que existe, ha hecho esas simulaciones para intentar removernos del cargo y como no lo logró, ahora ya confirmó que él por decisión personal no nos va a convocar", narró Ramos.
La denuncia se interpuso ante el Centro de Justicia de las Mujeres en
Baja California Sur, la consejera Silvia Florencia interpuso también una
denuncia, por experimentar los mismos actos que su homóloga. Charlene comentó
que cada día los actos de discriminación fueron en aumento de gravedad.
Ramos recordó que apenas el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración
del día de la mujer, el Instituto Municipal de la Mujer de Los Cabos, entregó
un reconocimiento a Camargo, en ese sentido, llamó a las autoridades a ser
congruentes con sus obligaciones como instituciones, que deben salvaguardar los
derechos de las mujeres. "Las autoridades tienen la obligación de entender
su papel y mantener sus opiniones personales por fuera y no usar los cargos
para respaldar a agresores que consideran amistades", concluyó.