Ciudad de México.- El INE presentó una segunda controversia contra el plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual pide que se le otorgue una suspensión mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias.

Aseguró que mediante este segundo recurso no sólo defiende su autonomía, sino “el Estado democrático establecido en la Norma Suprema” ante el “cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma”.

El INE justificó que esta nueva controversia que presentó se basa en cuatro ejes fundamentales:

Violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.

Vulneración a su autonomía e independencia con la reforma.

Vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales.

Afectación de los derechos laborales del personal del INE.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, puntualizó el organismo electoral.

Como parte de la nueva controversia, el INE, encabezado por el consejero Lorenzo Córdova, solicitó una suspensión al máximo tribual para que se interrumpa la aplicación de dicha reforma y sus efectos, “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”.

La segunda controversia constitucional del INE es contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de la segunda parte de la reforma electoral. Los cambios por los que interpuso este nuevo recurso es por las reformas a:

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

La Ley General de Partidos Políticos

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

La expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral

El INE ya había presentado una controversia el pasado 1 de febrero contra la reforma por los cambios en la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.