Ana Georgina Roldan Aviña, lleva ya un año y cuatro meses mirando cómo la Justicia anda de tumbo en tumbo y cómo se esconde en los oscuros rincones de la omisión.

Mientras tanto, la simulación sube y baja las escalinatas del congreso del estado y se sienta cómodamente para levantar su dedo en la curul del fuero y la sede de los encubridores.

Y así, desgraciadamente, sentada en el pórtico de su hogar, Ana Georgina sigue viendo cómo la Justicia cabalga en tortuga y cómo pasa del error al desacierto.

Y sabe que inmersa en los recovecos de la divagación, la justicia, una y otra vez se torna inaccesible e inalcanzable para aquellos a los que hacía alusión don Mariano Azuela. Es decir, los de Abajo.

Pero allí sigue confiada en que alguien habrá de enderezar esos torcidos senderos de la Justicia. Y allí sigue aferrada a esa razón que como víctima le asiste.

En efecto, en la entrega de hoy pretendo hacer alusión al caso del diputado local Juan Pérez Cayetano, quien fue desaforado para que enfrente los cargos que se le imputan por una denuncia que se presentó en su contra sobre una supuesta agresión sexual, donde la víctima es precisamente la dama mencionada.

Y en principio, es esa determinación del congreso, la que a esta dama le da aliciente para seguir adelante y la hace creer que la impunidad no tiene cabida en esta legislatura.

Y más aún la fortalece cuando se entera que el Congreso del Estado tomó con la seriedad y celeridad que el caso amerita, la determinación de llevar hasta las últimas consecuencias el proceso de desafuero del diputado.

Ciertamente, fue la Procuraduría General de Justicia del Estado la instancia que en su momento presentó la solicitud de juicio de procedencia en donde se determina el proceso de desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano lo que deja en claro la buena intención de esa instancia.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que el fuero además de ser un nocivo sinónimo de privilegio, es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, como es el caso que nos ocupa, para desprender de una persona ese privilegio por tanto, se deben seguir normas legales específicas.

En este caso, la Constitución establece que para que un funcionario pueda ser investigado, primero se le debe seguir un juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente se procede a realizar la indagación respectiva.

No obstante, repito, en los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad toda vez que da cuenta de abusos entre muchos, quienes se cubren tras las esferas de poder y el fuero.

Y no hay que ir muy lejos para refrescar la memoria.

Allí está el repugnante caso del senador con licencia Félix Salgado Macedonio sobre quien pesan varias acusaciones por abuso sexual.

Uno de ellos casos, y según revela una investigación del periódico Milenio, en al menos tres ocasiones abusó de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando este era director de un periódico en Acapulco, Guerrero.

En estos hechos a todas luces no solamente se observa que la justicia ha permanecido ciega y sorda sino que el fiel de la misma se inclina al mejor postor, pues en este último caso la víctima dice inclusive: “he recibido amenazas de muerte para mí, mi familia y mi esposo. Tengo miedo de lo que me pase. Aun así he decidido hacer mi denuncia como debí hacerlo desde el principio”.

Lo más preocupante del caso es que el expediente fue “enterrado”, afirma la nota periodística. Todo ello, muy a pesar de que la denuncia fue ratificada por la víctima el 2 de enero de 2017 para la cual presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones por parte de Salgado Macedonio, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual.

Pero volviendo a asuntos locales, hay que recordar la acusación que, por abusador sexual pesa sobre el entonces diputado local por Morena, Esteban Ojeda Ramírez, y cuyo señalamiento fue hecho en abril de 2021 por la supervisora de zona de las secundarias técnicas en La Paz, Argentina Salomé Flores Soto, quien personalmente acudió a una sesión pública ordinaria del Congreso del Estado para señalar al entonces diputado de Morena, Esteban Ojeda Ramírez, como un abusador sexual.

Y qué bien que hoy por hoy, respecto a las agresiones sexuales cometidas por diputados, sean los propios legisladores quienes dejen en claro que en el Congreso del estado no es “tapadera” de bribones y están obligado atender este tipo de solicitudes, porque eso habla de las buenas intenciones que ahí se tienen de hacer bien las cosas.

Y quiero entender que todos, --es decir las y los diputados--, apoyaron la decisión de proceder al desafuero de Juan Pérez Cayetano para que enfrente ante la justicia el proceso penal por los cargos que por abuso sexual se le imputan en base a la denuncia presentada en su contra.

Y no es para menos cuando como en esta ocasión se trata de un asunto penoso y serio que sin duda marcará un precedente en la historia legislativa de Baja California Sur. Más aun cuando es el primer caso de desafuero.

Sin embargo pese al amargo trago, es plausible la determinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y del Congreso toda vez que se debe atacar de frente la nociva práctica del acoso sexual que, al menos en lo que respecta a nuestro estado se ha vuelto una sórdida costumbre entre senadores, diputados, alcaldes, rectores, maestros, prefectos, e inclusive sacerdotes.

Y debe atacarse antes de que le cause problemas más graves a Víctor Castro Cosió como máximo responsable de lo que ocurre en el estado. Cuestión de tiempo.