La Paz, Baja California Sur.- El secretario General del Gobierno de Baja California Sur (BCS), Homero Davis Castro, asistió en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, a la reunión regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la zona norte del país, encabezada por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y celebrada en Monterrey, Nuevo León, en la que se firmó el convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre la Federación y los estados, donde Baja California Sur, recibió un incremento del 10 por ciento de estos recursos, en relación al año 2022.

Recordó que en el mes de enero, se participó en las mesas de trabajo donde las áreas de seguridad pública y justicia de la entidad, presentaron el proyecto en estas materias, mismo que fue validado por el SESNSP, y que representa una inversión conjunta entre los gobiernos federal y estatal para este 2023, de 296 millones 799 mil 655 pesos, es decir, 10% más en comparación con el 2022, cuando se tuvo una aportación bipartita por 269 millones 817 mil 868 pesos.

“La tranquilidad de nuestra gente y de quienes nos visitan, no sólo es una prioridad y obligación del Estado en su conjunto, sino que es un elemento fundamental para seguir transformando a nuestras comunidades; ya que tener seguridad, repercute en todos los ámbitos de la vida, al tiempo que contribuye al desarrollo social y económico de Sudcalifornia, que a su vez se traduce en el bienestar de todas y todos”, aseguró el secretario General de Gobierno.

Davis Castro mencionó que se reforzará la estrategia interinstitucional que se implementa en los 5 municipios a través de la Mesa de Seguridad, donde participan fuerzas armadas e instituciones de seguridad y justicia de BCS, contando con la colaboración de los Ayuntamientos, así como con la participación de los sectores sociales y empresarial, en lo referente a la prevención del delito.

En el marco de este encuentro, se analizaron las acciones y programas que se fortalecerán para dar cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad y su vinculación con los planes estatales establecidos en este renglón, principalmente los relacionados con profesionalización, control de confianza, centros de atención de emergencias (9.1.1. y 089), atención a la violencia contra las mujeres, investigación forense y pericial, modelo nacional de policía y justicia cívica, así como las unidades de inteligencia patrimonial y económica.