Ciudad de México.- El plan B de reforma electoral producirá un “efecto regresivo incompatible” con la progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, considera el informe detallado que presentará el secretario Ejecutivo al Consejo General del INE, sobre los efectos de los decretos ya aprobados y los que están pendientes por concluir su proceso legislativo. 

Por ejemplo, tan sólo la reestructuración del INE, que ordenaría la desaparición de vocalías y Juntas Distritales, vulnera nueve derechos de la ciudadanía plasmados en la Constitución y afecta dos procedimientos relativos al padrón electoral, además de recortar al 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional (mil 564 plazas canceladas), comenta el informe. 

También señala siete riesgos de seguridad y cuatro para la protección de datos personales para el Padrón Electoral por la propuesta de que los Módulos de Atención Ciudadana para la credencial con fotografía se instalen en oficinas de gobierno, a cargo de terceros. 

“En términos generales, como se ha constatado a lo largo del presente informe, los dos decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral”, dice el informe. 

·       Alertan por pérdida de autonomía 

El documento da cuenta de que el INE expidió el Reglamento de Elecciones para asegurar el correcto desarrollo y organización de los procesos electorales, que incluye aspectos que no están enumerados o comprendidos en las materias que ahora limita la reforma.  

“Con la reforma se le pretende sujetar a normas administrativas y presupuestarias que regulan a la Administración Pública Federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público. Esto es, el gobierno federal. Sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan al Ejecutivo federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público, u obligar la instalación de módulos en edificios de gobiernos federales, estatales y municipales, vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener con respecto a los actores políticos —incluidos gobiernos emanados de las elecciones que el propio INE organiza—, con el riesgo de generar inamovilidad institucional”, subraya el informe. 

También se advierte de pérdida de autonomía presupuestaria para hacer frente a imprevistos y contingencias, por ejemplo erogaciones para elecciones extraordinarias derivadas de sentencias del TEPJF. 

Sobre el tema laboral, se contraviene lo señalado en el artículo 41 de la Constitución que “califica de trabajo profesional y especializado la función electoral”, cuando la reforma ordena que no se considere a los trabajadores del INE personal especializado. 

Al analizar los transitorios, el informe pone otro ejemplo de incongruencia en el “artículo transitorio décimo séptimo que cesa en sus funciones al actual secretario Ejecutivo, con lo cual se invade la facultad del Consejo General de nombrarlo, pues la ley sólo puede establecer los requisitos y forma de nombramiento, pero no predeterminar quién puede o no ser nombrado, en contraste con el vigésimo primero, que ratifica al actual titular del Órgano Interno de Control, a quien además se le dotan de facultades inherentes a la administración de recursos y no propios de la fiscalización de los mismos”.  

En adición se considera que la organización de procesos en Estado de México y Coahuila es incompatible con el proceso de reorganización que mandatan los transitorios del plan B, ya que se tendría que llevar a cabo entre enero y agosto de este año, al mismo tiempo que los procesos de ambas entidades. 

RIESGOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1 Robo, extravío o copia no autorizada

2 Uso, acceso o tratamiento no autorizado

3 Daño, alteración o modificación no autorizada

4 Pérdida o destrucción no autorizada

DERECHOS AFECTADOS

Nueve derechos de la ciudadanía se verían afectados por la desaparición de vocales y juntas distritales.

1 A la identidad, pues se encargan de la credencialización y actualizan del Padrón Electoral. 

2 De asociación política, al verificar y certificar la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos. 

3 A la igualdad y secrecía del voto, ya que se encargan de la instalación de las casillas y de proveer los materiales electorales. 

4 A elegir libremente a sus representantes y gobernantes, ya que realizan todos los procedimientos para dar certeza en la emisión y cómputo del voto, desde la integración de las mesas de casilla hasta la integración de resultados, verificación y recuento de votos. 

5 A la renovación de los Poderes por medio de elecciones libres y auténticas, este análisis revela la inviabilidad de que el INE esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia, las actividades para la preparación y organización de los comicios y, con ello, garantizar la celebración de elecciones libres y auténticas.  

6 A la información y la transparencia en las elecciones, ya que las juntas distritales operan el PREP y coordinan la obtención de información del Conteo Rápido. 

7 A participar en condiciones de equidad y de ser electo, ya que las juntas ejecutivas realizan el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país, verifican el cumplimiento de las reglas de propaganda de campaña y recaban la evidencia de los gastos de los partidos. 

8 A la justicia en materia electoral, ya que las juntas ejecutivas documentan y certifican cada actividad, cada decisión y cada etapa del proceso electoral, lo cual permite que los tribunales puedan resolver controversias. 

9 A la participación política y a la discusión de la agenda pública, al implementar en todo el territorio nacional los programas de educación cívica, cultura democrática, promoción del voto y construcción de ciudadanía.