Ciudad de México.-- La corrupción en México no se limita a los casos de abuso de poder de funcionarios que incurren en enriquecimiento ilícito.

Diputados federales aseguraron que este problema también se manifiesta en programas sociales que operan sin reglas ni requisitos; obras que se asignan de manera opaca, y cuando el clima de impunidad permite actuar al margen de la ley y los delitos no se castigan.

“Los programas sociales deben estar diseñados para ser transparentes eficientes y blindarse contra la corrupción”, señaló la vicecoordinadora de la bancada del PRI, Blanca Alcalá.

Reveló la exalcaldesa de Puebla que, en un estudio reciente se analizaron 28 programas emergentes durante la pandemia en 8 estados del país, confirmándose que ninguno cumplió ni siquiera el 50% de los requisitos requeridos para garantizar el manejo eficiente de los recursos y con transparencia.

Esos requisitos se refieren a la información sobre la distribución de los recursos, la convocatoria pública para su entrega, el comité de vigilancia para quejas y denuncias, la auditoría financiera y la evaluación del desarrollo de los programas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

—Diputada Lidia Pérez, ¿qué es el anexo Transversal Anticorrupción?

—Es el documento que integra los ingresos públicos de diversas dependencias que son destinados a combatir la corrupción.

Permite identificar, dar seguimiento y transparentar los recursos dedicados a combatir la corrupción.

Según la diputada morenista es el punto de partida para intervenciones públicas, coordinadas, efectivas y orientadas a resultados, además, pone al alcance de la ciudadanía, a los responsables los montos de los recursos públicos destinados a la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción.

Para el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Benjamín Robles Montoya, la corrupción viola los derechos humanos, “porque impide que las y los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y fomenta la idea que sólo quien posee poder, y además dinero, puede acceder al bienestar”.

Definió el petista que, igualmente, es un padecimiento que desgasta a las instituciones, provocando mala calidad de servicios, imposibilidad de ejercer otros derechos y aumenta la impunidad.

Se trata de un fenómeno que, a decir del diputado Alberto Batun Chulim (Morena), este problema de connotaciones políticas y sociales tiene en México diversas expresiones, siendo las más comunes el soborno, el nepotismo, la extorsión, fraude, evasión de impuestos, tráfico de influencias y cohecho.

“También lo son el favoritismo, el lavado de dinero, traspaso al sector privado, uso indebido de la información, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y los moches”, enumeró.

Para el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, 80% de las tentaciones de actos vinculados con la corrupción están relacionados con adquisiciones y la obra pública.

“Eso defrauda a la población, que pierde la confianza, perdemos las propias instituciones; y hoy lo que necesitamos es una ciudadanía actuante, que tenga capacidad de denuncia, de exigencia y sobre todo que espere de todas sus autoridades legalidad, orden y resultados, con transparencia y rendición de cuentas”, enumeró el ex director del Conacyt.