Institutos locales electorales advierten que podría impactar la debida instalación de casillas o el cómputo de los votos
Ciudad de México.- Los 32 Organismos Públicos Electorales Locales (Oples), encargados de organizar las elecciones en las entidades del país, anunciaron que preparan una demanda colectiva contra el plan B de la Reforma Electoral, pero antes realizarán un análisis de los aspectos de la enmienda legal que pueden afectar la organización de los comicios en 2024.
La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) expuso en un comunicado que la reforma electoral puede afectar la instalación de casillas y el conteo de votos, por lo que prevén presentar los recursos legales necesarios.
“Ello podría impactar la debida instalación de las casillas o el cómputo de los votos, lo cual afectaría el proceso de organización para las elecciones locales de 2024, las cuales serán las más grandes y desafiantes en la historia del país”, apuntó la organización a nombre de los institutos locales.
Expresaron su preocupación por el impacto que las reformas ocasionarán directamente a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), en particular en el Servicio Profesional Electoral de áreas desconcentradas.
“Expresamos que haremos una revisión técnica de todas y cada una de las reformas, y de encontrarse afectaciones a los principios constitucionales, a los derechos políticos electorales de la ciudadanía y la funcionalidad y operatividad de las instituciones electorales, los Oples presentaremos los recursos legales pertinentes ante las instancias correspondientes a fin de salvaguardar la integridad y legalidad del Sistema Electoral”, indicaron.
En un pronunciamiento conjunto, manifestaron sus inquietudes respecto a la reforma electoral que fue aprobada parcialmente en el Senado y en la Cámara de Diputados, cuyo proceso concluirá en febrero, y que, a decir del INE, afectará la organización de las elecciones federales y locales en 2024.
Por ello, los 32 institutos electorales locales del país realizarán “un diagnóstico y análisis minucioso de los efectos que las reformas aprobadas tendrán en la democracia mexicana”, no sin antes expresar su respeto a las atribuciones del Poder Legislativo.
Actualmente, el plan B de la reforma electoral se encuentra en suspenso, luego de que la Cámara de Diputados eliminó la cláusula de “vida eterna a los partidos minoritarios”, misma que tendrá que debatir y aprobar el Pleno del Senado hasta febrero, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
La AIEEF confió en que los Congresos locales habrán de agotar el plazo establecido en los transitorios de la reforma, para realizar las adecuaciones legales y esperar los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que los partidos de oposición anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante los cambios a la legislación electoral.
“Asimismo, consideramos que el principal activo de los Oples es su recurso humano, manifestamos que se desplegarán todas las acciones necesarias para proteger los derechos laborales de quienes colaboran en los institutos locales electorales”, destacó.
La organización que reúne a los organismos electorales de los estados indicó que en el proceso de reforma de las legislaciones locales se deben considerar las opiniones de cada instituto en cada uno de los 32 congresos estatales.