La Paz, Baja California Sur.- No prosperaron las denuncias que interpuso la administración de Armando Martínez Vega como alcalde de La Paz, Baja California Sur (BCS) en contra de Esthela Ponce Beltrán, su predecesora, a quien acusó de malos manejos y dejar una deuda superior a mil millones de pesos.

Luego de un tiempo alejada de los medios de comunicación, la exdiputada federal consideró esta serie de acusaciones como una “agresión política” en la que se buscó denostar su figura política y consideró una pifia legal todo lo que contenían esas carpetas.

“Fui víctima de una agresión política donde se quiso denostar mi calidad, mi honestidad, lo he mostrado al paso de los años legalmente fue realmente una pifia toda la serie de denuncias que hicieron”, dijo la exalcaldesa de La Paz.

Consideró que todas las mujeres que tengan una situación similar como acoso, discriminación y abuso, deben hacer ver y hacer visible la problemática que viven, para poder crecer, dijo la exfuncionaria. Cada vez es menos limitada la participación política de las mujeres, aseguró.

“Fue un tema que pasó definitivamente, fuera de lugar, totalmente político y aquí estoy he seguido viviendo en mi tierra. Fue un tema que se atendió porque se había presentado, pero nunca hubo pruebas porque fue prefabricado todo”, expuso.

Armando Martínez Vega, exalcalde se decía “preocupado” de que sus sucesores, dieran “al traste” con las 22 denuncias interpuestas con los resultados de una auditoría forense dada a conocer por su administración.

Dijo tener una “inconformidad muy sentida” debido a la falta de actuación de la FGR con presuntos desvíos de poco más de 830 millones de pesos en fondos federales en la administración de Esthela Ponce y Francisco Monroy (2011-2015) que dijo, ocasionaron vetos presupuestales.

Advirtió que no se trata de “echar nadie a la cárcel”, pero se mostró satisfecho de que los procesos contra el alcalde suplente, de mayo a septiembre de 2018, hayan sido judicializados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) derivando en un auto de formal prisión para Monroy, quien logró su libertad con el pago de una fianza.