Muy buenos días estimable lector gracias, muchas gracias, por continuar prefiriendo este su Diario El Independiente.

Inicio esta columna comentando a Usted; Actualmente la política de desarrollo social debe aplicarse hacia toda la sociedad y toda persona. Hoy contamos con nuevos fenómenos que también tendrán que ser atendidos por esa política y que van más allá de las insuficiencias de ingresos y satisfactores básicos, tales como: la marginación, violencia social y familiar, la presencia de nuevas enfermedades, el deterioro del medio ambiente, las conductas delictivas y el crecimiento sin planeación de los centros urbanos. Los gobiernos Federales Estatales y Municipales les urge construir un nuevo concepto de política social acorde a las necesidades, expectativas y perfiles de la sociedad mexicana: una política dirigida a una población predominante urbana, basada en definiciones de género y derechos humanos, y propiciadora de condiciones legales e institucionales que garanticen el acceso de toda la población a los derechos consagrados por nuestra Constitución. 

Así mismo tienen que revisar, y vigilar el cumplimiento del orden jurídico que regula los mecanismos de asignación presupuestal a entidades federativas y municipios, y por supuesto generar mayores capacidades gubernativas y administrativas para los ámbitos locales en materia de desarrollo social y combate a la pobreza. Por ello, se requiere fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población mediante la transferencia de mayores facultades y recursos permitiendo la ampliación de sus atribuciones tributarias.

Ahora más que nunca los tres niveles de gobiernos, deben de impulsar nacionalmente una “nueva política social del Estado Mexicano” con la finalidad de privilegiar políticas de inversión en apoyo a los grupos sociales más desprotegidos; otras para fomentar e incentivar la inversión Nacional e Internacional en las áreas que generen mayor número de empleos, eleven la calidad de la mano de obra, y multipliquen la infraestructura en todo el territorio Nacional, de modo que las regiones con mayor marginación tengan más oportunidades y alternativas productivas a fin de que puedan

superar por si mismas el rezago en que viven hoy, los gobiernos tienen que sostener que en el ámbito de la política social, es imperativo que coincidan los esfuerzos de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Ciudadanía en general, porque es la importancia de construir consensos nacionales para superar la pobreza y la marginación.

Necesitamos como mexicanos pronunciarnos para que se transforme el crecimiento económico en un desarrollo justo y equitativo; y por una clara articulación de la política económica con la social, para que su objetivo sea la creación de empleos bien remunerados y un desarrollo regional equilibrado, que ofrezca a la población oportunidades de realización de los proyectos de vida para las personas y el bienestar al interior de sus propias comunidades.

Concluyo: Absolutamente todos los partidos políticos tendrán que pugnar por un gran programa de combate a la pobreza que, con una visión integral incentive el desarrollo personal y colectivo de los beneficiados y que propicie una participación social amplia en la que todas las comunidades sean participativas en la planeación de su propio desarrollo.