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Hoy es lunes, 25 de noviembre de 2024

Avala BCS que Guardia Nacional siga en las calles

• En medio de críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal y la advertencia de la militarización del país, por mayoría fue aprobada la minuta.

Avala BCS que Guardia Nacional siga en las calles

La Paz, Baja California Sur.- Por mayoría, el Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó la minuta que amplía hasta el 2028 la presencia de la Guardia Nacional en las calles.

 

Lo anterior, en el marco de la sesión pública ordinaria, en medio de advertencias de la oposición sobre la militarización del país y la crítica a la estrategia de seguridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

 

En las intervenciones a favor y en contra destacó la defensa del diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,  Luis Armando Díaz, quien externó que “parece que de repente no tenemos memoria y que del discurso se convierte en una postura política y no en una seria discusión de un problema como es el de la seguridad pública, o el de la inseguridad que tiene que ser atendido por la autoridad federal en turno”.

 

Expresó que hoy por hoy, en el marco de la cuarta transformación que a muchos les causa comezón, es precisamente la oportunidad que se está planteando para garantizar que en un plazo más allá del mandato actual.

 

A nombre de la bancada del PAN, la diputada Blanca Belia Márquez se manifestó en contra ante la inminente militarización del país y sostuvo que no es la solución al problema de inseguridad en el país.

 

Por su parte, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera de la fracción de Morena, externó que no comparte ese discurso de quienes critican los abrazos y no balazos.

 

Cabe señalar que con la aprobación del dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública, con 14 votos del PT y Morena, se destaca el informe semestral del ejecutivo federal sobre la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública y se deja en claro que no sustituirán a las autoridades civiles.

 

Se establece como obligatoriedad que los gobiernos estatales informen a los congresos sobre la evaluación de las fuerzas armadas.