La Paz, Baja California Sur.- Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó la reforma constitucional de la minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de Guardia Nacional, con la que las fuerzas armadas del Estado permanecerán nueve años más en labores de seguridad y combate a la delincuencia en el territorio nacional.

Luego de la socialización que hizo el Secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández en el recinto legislativo el pasado jueves 27 de octubre, fue en la sesión ordinaria del martes 01 de noviembre, cuando se aprobó la minuta que reforma el Artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Fue avalada con 14 votos de las fracciones de MORENA, PT y las representaciones de Fuerza por México y PRS, sobre 5 votos en contra de las fracciones del PAN, la representación del PRD e independiente.

En el debate, la representante del PRD, diputada María Luisa Ojeda consignó en contra que, la seguridad no es labor de las fuerzas armadas, dijo que en honor a la congruencia con sus principios, valores, responsabilidad e ideología como mexicana su voto es en contra.

Blanca Belia Márquez, en representación de la Fracción Parlamentaria del PAN sentenció el rechazo categórico del grupo ante “la inminente militarización de la seguridad pública” impulsada por el presidente de la República; afirmó que no es la solución al problema de inseguridad en el país y que se ha generado por fallas estratégicas, se debe a la falta de una política pública eficiente, como que la función del ejército mexicano es defender la soberanía del país.

A favor, la diputada Guadalupe Moreno (MORENA) apuntó que, la permanencia de las fuerzas armadas para contar con seguridad pública civil es necesaria para poder combatir el flagelo de la delincuencia, y subrayó que “no compartimos el doble discurso de quienes critican abrazos no balazos, sabiendo que se requiere combatir las causas que generan las actividades ilícitas antes de combatir los efectos”.

El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PT, diputado Luis Armando Díaz, señaló que “parece que de repente no tenemos memoria y que del discurso se convierte en una postura política y no en una seria discusión de un problema como es el de la seguridad pública, o el de la inseguridad que tiene que ser atendido por la autoridad federal en turno, hoy por hoy en el marco de la cuarta transformación que a muchos les causa comezón, es precisamente la oportunidad que se está planteando para garantizar que en un plazo más allá del mandato actual.

También a favor, Paz Ochoa (PRI) expuso que, la militarización no es la respuesta, sin embargo consignó que a estas alturas no se pueden dar pasos en falso y reconocer las debilidades de las fuerzas armadas; el abandono que vive en los cuerpos civiles estatales y municipales tanto en capacitación como en presupuesto; dijo que como oposición actual, busca contribuir a la construcción de una guardia civil que garantice seguridad y tranquilidad a los municipios, por lo dos aspectos la hacen apoyar a una guardia civil.

El dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Seguridad Pública, coincidió con los argumentos vertidos por las cámaras de senadores y diputados, referentes a que se obliga al Poder Ejecutivo para que rinda informes semestrales de la autorización a las fuerzas armadas (Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana) para participar en labores de seguridad pública.

Coinciden con que el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad; con que las fuerzas armadas deberán capacitarse en materia policial civil, en el entendido de que no sustituirán a las autoridades civiles; con que se establezca un control parlamentario, a través de una comisión mixta de diputados(as) y senadores(as) que analice la participación de las fuerzas.

Asimismo también se estuvo de acuerdo en que los ejecutivos locales informen a sus congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación de las fuerzas armadas, así como que las entidades federativas establezcan anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial los de menor población o mayor grado de marginación.