La Paz, Baja California Sur.- Quien fungiera como titular del Instituto de Vivienda (INVI) en Baja California Sur (BCS) en la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor y posterior con Carlos Mendoza Davis, fue vinculada a proceso este miércoles 13 de octubre, por el delito de  ejercicio ilícito del servicio público.

Esto, por una presunta autoliquidación de casi 2 millones de pesos que se hizo la extitular ya para finalizar sus labores frente a la institución en septiembre del 2021, además de beneficiar con terrenos a familiares y allegados.

La actual titular del INVI Fernanda Villareal en anteriores entrevistas haba informado de irregularidades encontradas al llegar a la dependencia, y que serían denunciadas ante la Contraloría para que se hiciera la investigación pertinente.

Por su parte la PGJE confirmó más tarde que por el ilícito que presumiblemente cometió el 9 de septiembre del 2021, al autoliquidarse la cantidad de 1 millón 781 mil 212, pesos una persona del sexo femenino fue vinculada a proceso.

El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General del Estado (PGJE), en La Paz, aportó datos de prueba que permitieron vincular a proceso a Rosalba “N”, relacionada en una Carpeta de Investigación, por un hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Baja california Sur.

Por lo anterior, se inició la Carpeta de Investigación correspondiente en la que el Agente del Ministerio Público de la Unidad en mención que conoció de los hechos, así como los agentes de Investigación Criminal y peritos, realizaron las indagatorias y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

De esta manera, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados por la PGJE y resolvió vincular a proceso a la imputada al considerar que dichos datos son suficientes para relacionarla como probable responsable de los hechos descritos.

El miércoles 12 del mes en curso, en la audiencia inicial que se efectuó en el Centro de Justicia Penal de La Paz, el Juez de Control le impuso la medida cautelar que le obligan a la firma periódica y al Representante Social le otorgó tres meses para la investigación complementaria.