Las denuncias penales contra exfuncionarios estatales y municipales, es una factibilidad que seguramente será más palpable conforme se aproximen los tiempos políticos.

Con independencia de que los procesos se realicen de acuerdo a la ley, el tema político de fondo será lo que seguramente marcará la intensidad con que se apliquen estas acciones.

La vinculación a proceso de la exdirectora del INVI en la entidad, durante el pasado gobierno del panista Carlos Mendoza, Rosalva Cuadras, es definitivamente una muestra de lo que puede suceder con exfuncionarios que sean sospechosos de haber violentado la ley.

Por supuesto que de acuerdo a los tiempos políticos esto pueden ser una herramienta de presión para exfuncionarios sobre todo emanados del PAN o de otras fuerzas políticas diferentes a Morena que ahora gobierna la entidad.

Y aunque a muchos no les agrade es natural que suceda.

Las fuerzas políticas mayoritarias, las que ahora gozan de poder, tienen la responsabilidad de aplicar la ley para sancionar en un momento dado a quien así se lo merezca.

Obviamente se corre el riesgo de que una medida de esta naturaleza se politice, pero a final de cuentas es definitivamente una posibilidad muy factible.

Por supuesto los ahora funcionarios tendrán que cuidar su actuar porque corren precisamente el mismo riesgo de ser sancionados en un futuro sobre todo si otra fuerza política adversa llega al poder.

Nadie está exento de ser castigado si se demuestra que viola ley.

Pero al mismo tiempo nadie puede excederse en sus atribuciones e intentar aplicar la ley a capricho.

Obviamente los criterios que se apliquen llamarán mucho la atención porque precisamente dentro de tres meses inicia el 2023 que será un año político preelectoral y en donde prácticamente todo lo que se haga o deje de hacer desde las autoridades federales, estatales o municipales tendrá una connotación política implícita.

Ya el gobernador Víctor Castro adelantó que existen alrededor de diez denuncias más contra exfuncionarios estatales, aunque no señaló de qué áreas específicas.

Sin embargo, este anuncio deja en claro la dinámica que se puede aplicar en los próximos meses para hacer rendir cuentas ante la justicia a exfuncionarios presuntamente responsables del manejo irregular sobre todo del recurso económico público.

A un año de la actual administración y a pocas semanas del primer informe de gobierno la actual administración estatal, parece estar empeñada en cumplir con una de las promesas de campaña enfocadas precisamente en llamar ante las autoridades correspondientes a quienes están bajo sospecha de haber violentado la ley al desempeñarse como funcionarios públicos estatales.

Está claro que las fuerzas políticas con sus respectivos y naturales antagonismos se dirigen ya desde ahora a una confrontación política que redundará en una fuerte competencia para el proceso del 2024.

Veremos cómo reaccionan las fuerzas políticas que conforman al PAN, PRI y PRD que se supone participaran aliados en la búsqueda de alcaldías, diputaciones locales y federales, así como las senadurías.

Ya veremos qué sucede en las próximas semanas.