La Paz, Baja California Sur.- No será removido de su cargo Martín Salinas Ceseña, titular de la Unidad de Transporte del Gobierno de Baja California Sur (BCS) a pesar de las protestas de transportadoras en San José del Cabo (SJC), municipio de Los Cabos.

Esto ratificó el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, a pregunta expresa de Diario El Independiente, a lo que respondió que el funcionario fue electo bajo una “encuesta” en el gremio y fue una propuesta entre transportistas.

Retirarlo obligaría a organizar otro ejercicio similar y reiteró, Martín Salinas Ceseña está ocupando “de las únicas direcciones” en su administración que se sometieron a consideración del sector.

“No me ha llegado esa comunicación. Martín tiene buen… Ellos tienen una encuesta. Hicieron una encuesta, ellos decidieron que fuera Martín. Tendría que usar un mecanismo similar para ver a todo el estado”, aseguró el gobernador.

“Justo es de reconocer que Martín es un transportista que surge como propuesta de los transportistas. Es de las únicas direcciones que puse a consideración de los mismos gremios”, agregó Castro Cosío.

En medio de una manifestación el pasado viernes, 14 de octubre, representantes legales del gremio transportista, conductores y voceros de las propias asociaciones, pidieron la salida del funcionario al secretario general, Homero Davis Castro.

Exigieron que los inspectores de transporte dejen de “acosar” a conductores e infraccionarlos por la falta de “un sello” que corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); este no puede ser inspeccionado sin autoridades federales presentes, dijeron.

Pero acusaron que bajo las órdenes de Martin Salinas Ceseña, los inspectores estatales están “multando” por la falta del mismo, por lo que exigieron su salida inmediata y además acusaron, que su condición de transportista lo hace sujeto a conflictos de interés.

Benjamín Peña, representante del Frente Turístico Baja California Sur, señaló que no quedaron conformes con la reunión durante la manifestación, ya que los acuerdos fueron ambiguos y sin un plazo específico para que sesione la Mesa de Transporte y examine el caso, ya que se reúne “cada tres meses”.