La Paz, Baja California Sur.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Rigoberto Mares Aguilar acusó irregularidades en los dictámenes sobre la fiscalización de las diferentes dependencias de gobierno, cuyas cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 no fueron aprobadas.

Lo anterior, al argumentar, a nombre de la fracción del PAN, el voto en contra del dictamen de la Sepuie, Secretaría de Finanzas y Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas del Gobierno del Estado.

El coordinador de la bancada del PAN señaló que hay una serie de violaciones sistemáticas y de circunstancias legales que no fueron atendidas por la Auditoría Superior del Estado; además recalcó que derivado de una controversia constitucional en la anterior legislatura, fue la administración actual la que se encargó de entregar dichas cuentas públicas.

Mares Aguilar precisó que se aprecia que de una interpretación errónea por parte de la comisión dictaminadora, pues en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur señala en su artículo 106 que la administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Gobernador, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, quien será responsable de su manejo.

Explicó que la cuenta pública debe ser analizada de manera consolidada por la Auditoría superior con base a los informes mensuales o el informe anual que presenta la Secretaría de Finanzas, y no así, dependencia por dependencia.

Por otro lado, indicó, es un hecho público y notorio que el Congreso del Estado en la decimoquinta  legislatura vivió un proceso de conflictos internos e incertidumbre jurídica.

Así mismo, puntualizó que otro hecho también público y notorio, fue el recurso de queja 03/2020 derivado de la controversia constitucional 84/2020 interpuesta por el ejecutivo del Estado.

“En dicha queja se establece que el Congreso del Estado no estaba legalmente integrado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que se debería de reponer la sesión pública suspendida el 17 de Marzo de 2020, habiéndose repuesto esta sesión el 15 de marzo del 2021, quedando sin efecto todos los actos hasta en tanto se resolviera el fondo de la citada controversia, situación que no aconteció, toda vez que el ejecutivo en turno se desistió de la misma al inicio de su gestión.

Es a partir del desistimiento, que a la actual administración le nace la obligación de entregar las referidas cuentas públicas, toda vez que para la anterior administración, había una imposibilidad jurídica y material por los efectos de la suspensión y de la reposición del procedimiento contenidas en la resolución del recurso de quejas 03/2020 ya mencionado”, aclaró.

Expresó que dicho de otra forma, al desaparecer la imposibilidad jurídica y material en virtud del desistimiento es al titular de los entes obligados a quien a partir de ese momento le nace la obligación con independencia de quien ostente el cargo.

El legislador panista pidió que los dictámenes se regresaran a comisiones para su análisis, sin embargo, con 13 votos de la fracción Morena-PT, fueron aprobados.