• Fue una Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la diputada Eda María Palacios para que, en BCS se prohíba negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por alguna de sus características físicas o su forma de vida.
La Paz, Baja California Sur.- La
Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de BCS, turnó a la
Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, la iniciativa
con Proyecto de Decreto propuesta por la diputada Eda María Palacios Márquez,
para reformar siete artículos a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
del Estado de Baja California Sur para que como medida de acción integral,
establecimientos mercantiles, poderes públicos del Estado, ayuntamientos,
dependencias, entidades y organismos autónomos deban contar con la siguiente
señalética visible a todo el público: “En este lugar NO DISCRIMINAMOS. En Baja
California Sur se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación
del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico,
nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica,
social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física,
condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia
sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos”.
La legisladora indicó que se
reforma los artículo 2, 11, 12, 13, 14 y 15, y se adiciona una fracción XIX al
artículo 4, el primer párrafo y un párrafo segundo al artículo 16; todos de la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, para que del mismo
modo, todo el personal que labore en establecimientos mercantiles, poderes
públicos del Estado, ayuntamientos, dependencias, entidades y organismos
autónomos, sean capacitados en materia de igualdad y no discriminación.
Palacios Márquez, destacó que
del mismo modo las reformas buscan garantizar que las personas puedan tener una
efectiva participación civil, política, económica, cultural y social; e
impulsar y fortalecer las acciones para promover una cultura de
sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas en
situación de discriminación.