La Paz, Baja California Sur.- Todos los gobiernos exigen su competencia para cobrar por el uso de la playa Balandra en La Paz, Baja California Sur (BCS), pero ninguno se hace cargo de resolver sus problemas.

Esto señaló el abogado Arturo Rubio Ruíz, como integrante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), al opinar sobre aspectos legales del ecocidio por derrame de combustible.

Luego del hundimiento del yate de 1.5 millones de dólares, “Fortius”, el pasado 21 de agosto en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra, el abogado consideró que no hay Congreso que haya buscado enfrentar la “competencia concurrente”.

Explicó que varias autoridades a nivel federal, estatal y municipal tienen soberanía en la materia, por lo que tienen injerencia en el asunto; en el caso de las playas y las costas, son de competencia concurrente porque ahí trabajan los 3 niveles.

“Concretamente hablando de nuestras costas, todos son buenos para cobrar, todos. Todos exigen su competencia para cobrar, pero para resolver los problemas se esconden en el vago matiz grisáceo de cuanto le toca a fulano, a perengano”, aseguró.

Aseguró que varios organismos de la sociedad civil han pedido al Congreso de la Unión delimitar la competencia concurrente, “que se delimite, que se deslinde” y que no se establezcan más textos que incluyan la leyenda “cada autoridad, en el ámbito de su competencia”.

“Con ese reglón ya patinan, porque dicen es mi competencia cobrar, no resolver el problema. Eso permite que funcionarios no muy comprometidos con su obligación incurran en desatención a la problemática, pero todos se benefician”, añadió Rubio Ruíz.

En las instituciones así sucede, pero nadie ha actuado en el ámbito de sus competencias consideró el asesor legal del Freciudav, por lo que dijo, el problema más grande desde el punto de vista legal es “la omisión” de las autoridades ante el derrame.

“Cómo es que una autoridad, las federales están esperando que los del estado se muevan, el municipio está esperando que la federación lo haga y el resultado es que estamos en la inopia, nadie está haciendo nada”, dijo el abogado.

Además que consideraron hay “opacidad” en el manejo del derrame en Balandra, ya que en estos momentos consideró que “legalmente y oficialmente” no se sabe qué sucedió, ya que ni siquiera ha informado la Secretaría de Marina (Semar) que intervino en la limpieza.

“Ni Marina ni Capitanía de Puerto nos han dicho qué pasó. Hemos visto fotografías, visto videos, leído especulaciones, pero no sabemos qué pasó”, sentenció.

Aseguró que la acción legal corresponde en primer lugar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); en segundo lugar, a la autoridad ecológica municipal y en tercer lugar, al ordenamiento ecológico estatal, pero “nadie está haciendo nada”.

“La omisión de acción, el oscurantismo, la opacidad y todo esto generado nos tiene que reflejar cada vez que pase este tipo de accidentes, va a pasar lo mismo, porque hay una concurrencia de competencia que no delimita bien las facultades de cada órgano de gobierno”, finalizó.