De los últimos acontecimientos políticos registrados aquí, hay uno que por ningún motivo debemos pasar desapercibido dada la importancia que reviste para nosotros como sociedad y en especial para quienes pugnan porque la justicia cumpla su cometido.

Y menos puede pasar desapercibido cuando como en este caso, se trata de un hecho histórico sin precedentes como el ocurrido el viernes 22 de septiembre de 2022, en el Congreso del Estado donde se aprobó el desafuero del diputado del distrito 16, del municipio de Los Cabos.

Por eso, quiérase o no, a todo el pueblo de Baja California Sur le corresponde brindar un reconocimiento a las y los diputados integrantes de la XVI por esta certera determinación donde de forma unánime entre todos los asistentes, votaron a favor del dictamen.

En efecto, se trata del diputado local Juan Pérez Cayetano quien tras este desafuero, enfrentará como cualquier ciudadano los cargos que se le imputan por una denuncia que se presentó en su contra sobre una supuesta agresión sexual.

Luego de un procedimiento de esta naturaleza, nos da aliciente y nos hace creer que los privilegios y la impunidad no tienen cabida en esta legislatura.

Con dicho proceso, se deja sin efecto la solicitud de licencia presentada anteriormente por el diputado, quien contrariamente será removido de su cargo y deberá enfrentar la demanda de abuso sexual que se presentó el pasado 15 de octubre del 2021.

Y es digno de reconocimiento porque tras esto, la autoridad en la materia tendrá la libertad para actuar y en su caso determinar si es o no responsable de las acusaciones que le imputan.

Porque es de reconocerse tal como lo afirman los legisladores que en su caso el Poder Legislativo no se encarga de determinar la culpabilidad o no de la persona señalada; y no obstante, refieren que la declaratoria en cuestión fue muy cuidada, pero todo lo hicieron en un proceso conforme a derecho.

Sin embargo, cabe dejar en claro que esta decisión deberá notificarse a las partes involucradas y a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legislativo, lo que incluye su respectiva publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, y que será hasta entonces cuando entre en vigor el desafuero.

Pero qué bien que las y los diputados procedan y actúen como lo hicieron en esta ocasión, porque tal y como lo he afirmado, son ellos, los actores, quienes se aprovechan de la política y haciendo gala de la impunidad orquestan las corruptelas, las perfidias, los abusos.

Y en este caso particular que hoy me ocupa, es preocupante saber del sinnúmero de casos de acoso sexual que se han registrado en nuestra entidad, lo que debe merecer atención especial de parte de las autoridades.

Simplemente para ilustrar lo anterior, hay que hacer hincapié en la información dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública en la entidad, donde asegura que tan solo en los últimos seis años se han registrado 183 casos de acoso sexual.

Pero, repito, enterarnos que el Congreso del Estado ha tomado con la seriedad y celeridad que el caso amerita la determinación de llevar hasta las últimas consecuencias el proceso de desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano para que enfrente los cargos que se le imputan por una denuncia que se presentó en su contra sobre una supuesta agresión sexual, nos hace respirar tranquilos.

Ahora, tras esto, sin duda que la Procuraduría General de Justicia del Estado que es la instancia que presentó la solicitud de juicio de procedencia en donde se determina el proceso de desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano, podrá llevar adelante su trabajo basado en cuestiones legales.

Y en síntesis, si tomamos en cuenta que el fuero, además de ser un sinónimo de privilegio, es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, como es el caso que nos ocupa y que para desprender de una persona ese privilegio, la Constitución establece que para que un funcionario pueda ser investigado, primero se le debe seguir un juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente se realizan las indagaciones que deben seguir normas específicas.

No obstante, lamentablemente en los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad toda vez que da cuenta de abusos entre muchos de quienes se cubren con las esferas de poder.

Luego entonces, en tratándose de un asunto tan serio, que inclusive marca un precedente en Baja California Sur, Pérez Cayetano, deberá enfrentar el proceso penal conforme lo marca la ley del estado.

Ya previamente, y justo por ser considerado un tema delicado y complejo, el legislador de la bancada del Partido del Trabajo Luis Armando Díaz explicó que esto se debe llevar con un tratamiento especial dónde la Oficialía Mayor y la Junta de Gobierno intervendrán para llevar el caso apegado a derecho.

Incluso, enfatizó que si, como en este caso existe una acusación y una presunción de delito se le tiene que otorgar las facilidades para que como cualquier persona pueda enfrentar a la justicia, sin que a este en ningún momento se le considere como responsable.

Más aun, comentó que el tema tendrá que seguirse de cerca con apego a derecho para vigilar que se respeten los derechos de cada uno de los ciudadanos implicados en la denuncia.

Pero, que bien que de frente a esa nociva práctica del acoso sexual, que como lo he dicho se ha vuelto una sórdida costumbre entre senadores, diputados, alcaldes, rectores, maestros, prefectos, e inclusive sacerdotes, ya haya quienes estén poniendo el dedo en la llaga en su intento de que se haga justicia, y se castigue a los culpables.

Y qué bueno es saber que hoy por hoy, en el Congreso del Estado ya no existen ni privilegios, ni tapaderas como antaño. Cuestión de tiempo.